El ministro de Economía, Rodrigo Rato, aceptó ayer tarde tarde la
dimisión del recién nombrado presidente del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), Alejandro Pedrós Abelló, que tomó esta decisión
después de que se conociera que la Fiscalía de Barcelona le ha
imputado en un caso de presunto fraude fiscal, por el que pide en
su contra una pena de dos años de prisión menor y una multa de 250
millones.
Rato elogió el gesto de Pedrós, mientras el PSOE exigió al
Gobierno que aclare los motivos reales de este nombramiento «tan
breve y tan desafortunado».
El propio Pedrós, que ha permanecido en el cargo menos de una
semana, aseguró por la mañana no haber recibido notificación de su
imputación en el caso, así como que si hubiera sabido que tenía un
asunto pendiente con la Justicia no hubiera aceptado el cargo. Rato
confirmó la dimisión de Pedrós tras asistir a la firma de un
convenio financiero sobre pequeñas y medianas empresas (pymes),
señalando que el presidente del ICO le había remitido una carga en
la que le expresaba su deseo de abandonar el cargo y de «limpiar su
buen nombre».
Rato elogió el gesto de Pedrós Abelló, ya que, a su juicio,
servirá para clarificar la situación actual, a la vez que insistió
en que son los tribunales «los que deben determinar la
responsabilidad de los ciudadanos».
Rato indicó que la actuación de Pedrós muestra «su claridad de
actuación en este asunto», a la vez que indicó que el ya ex
presidente del ICO se dedicará ahora a «su propia defensa». El
propio Alejandro Pedrós había mostrado por la mañana su sorpresa
tras conocer la publicación en 'El País' de una información en la
que se destacaba su implicación en un caso de fraude a Hacienda.
Según la acusación fiscal que cita el diario, el nuevo presidente
del ICO presuntamente colaboró en la ocultación a Hacienda de las
plusvalías obtenidas por el empresario Armando Lausaca en la venta
de su cadena de tiendas Massimo Dutti, de la que Pedrós era asesor
fiscal, al grupo Inditex (propietario de Zara).
Pedrós aseguró sentirse «muy incómodo y disgustado» y destacó
que los hechos referidos por la fiscalía hacen referencia a unas
«acusaciones antiguas que no han sido probadas y que consideraba
que habían decaído». El nuevo presidente del ICO aseguró que no se
le ha notificado ningún escrito de la acusación de la Fiscalía y
que «en ningún caso hubiera aceptado el nombramiento si hubiera
conocido el escrito de acusación», al tiempo que rechazaba la
acusación.
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