OTR PressMadrid15/10/99 0:00
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El ministro de Economía, Rodrigo Rato, aceptó ayer tarde tarde la dimisión del recién nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Alejandro Pedrós Abelló, que tomó esta decisión después de que se conociera que la Fiscalía de Barcelona le ha imputado en un caso de presunto fraude fiscal, por el que pide en su contra una pena de dos años de prisión menor y una multa de 250 millones.

Rato elogió el gesto de Pedrós, mientras el PSOE exigió al Gobierno que aclare los motivos reales de este nombramiento «tan breve y tan desafortunado».
El propio Pedrós, que ha permanecido en el cargo menos de una semana, aseguró por la mañana no haber recibido notificación de su imputación en el caso, así como que si hubiera sabido que tenía un asunto pendiente con la Justicia no hubiera aceptado el cargo. Rato confirmó la dimisión de Pedrós tras asistir a la firma de un convenio financiero sobre pequeñas y medianas empresas (pymes), señalando que el presidente del ICO le había remitido una carga en la que le expresaba su deseo de abandonar el cargo y de «limpiar su buen nombre».

Rato elogió el gesto de Pedrós Abelló, ya que, a su juicio, servirá para clarificar la situación actual, a la vez que insistió en que son los tribunales «los que deben determinar la responsabilidad de los ciudadanos».

Rato indicó que la actuación de Pedrós muestra «su claridad de actuación en este asunto», a la vez que indicó que el ya ex presidente del ICO se dedicará ahora a «su propia defensa». El propio Alejandro Pedrós había mostrado por la mañana su sorpresa tras conocer la publicación en 'El País' de una información en la que se destacaba su implicación en un caso de fraude a Hacienda. Según la acusación fiscal que cita el diario, el nuevo presidente del ICO presuntamente colaboró en la ocultación a Hacienda de las plusvalías obtenidas por el empresario Armando Lausaca en la venta de su cadena de tiendas Massimo Dutti, de la que Pedrós era asesor fiscal, al grupo Inditex (propietario de Zara).

Pedrós aseguró sentirse «muy incómodo y disgustado» y destacó que los hechos referidos por la fiscalía hacen referencia a unas «acusaciones antiguas que no han sido probadas y que consideraba que habían decaído». El nuevo presidente del ICO aseguró que no se le ha notificado ningún escrito de la acusación de la Fiscalía y que «en ningún caso hubiera aceptado el nombramiento si hubiera conocido el escrito de acusación», al tiempo que rechazaba la acusación.