Las acusaciones reclaman a Garzón que pida otro examen médico que sea público

Las acusaciones descalifican el examen médico en el que se basa Londres para fundar una posible liberación de Pinochet, al entender que contravino el principio de imparcialidad, ya que se permitió la asistencia al mismo de dos especialistas designados por Pinochet, pero no los propuestos por el juez Garzón.

En cualquier caso, tanto la acusación particular como la popular descalifican la imposibilidad, impuesta por el Gobierno británico, de conocer el informe médico, porque les impide cualquier valoración de la postura del ministro de Interior británico, Jack Straw y, además, incumple el artículo 9 del Convenio internacional contra la Tortura de 1984, que obliga a los estados a suministrar las pruebas de procedimientos penales que obren en su poder. En su escrito, los abogados de las víctimas, Juan Garcés y Manuel Murillo, exponen que en el ordenamiento español sólo el caso de enajenación mental sobrevenida puede paralizar temporalmente una causa, y ello hasta que el procesado recobre la salud.

La acusación particular señala también que una decisión británica para que Pinochet no sea juzgado sería «política», y contrastaría «con el rigor jurídico de los tribunales británicos en este caso, que han aportado un valioso precedente en el desarrollo del derecho internacional». Así, Joan Garcés afirmó que si la decisión de liberar al general es «cuasijurídica», se vulneraría la ley internacional.

Mientras, el abogado de víctimas de la dictadura argentina, Carlos Slepoy, también personado en la causa, declaró ayer que si Jack Straw impide que Pinochet sea extraditado a España violará la legalidad internacional y pasará a la historia como la persona que dejó en libertad al personaje.