Los abogados de las acusaciones particular y popular reclamaron
ayer en sendos escritos al juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, que inste a la realización de un nuevo examen médico a
Augusto Pinochet, cuyos resultados no sean confidenciales, después
de que el Ministerio de Interior británico haya ocultado a España
el informe médico del general alegando que la defensa de Pinochet
no le ha autorizado a entregarlo ni siquiera de forma confidencial.
Las acusaciones descalifican el examen médico en el que se basa
Londres para fundar una posible liberación de Pinochet, al entender
que contravino el principio de imparcialidad, ya que se permitió la
asistencia al mismo de dos especialistas designados por Pinochet,
pero no los propuestos por el juez Garzón.
En cualquier caso, tanto la acusación particular como la popular
descalifican la imposibilidad, impuesta por el Gobierno británico,
de conocer el informe médico, porque les impide cualquier
valoración de la postura del ministro de Interior británico, Jack
Straw y, además, incumple el artículo 9 del Convenio internacional
contra la Tortura de 1984, que obliga a los estados a suministrar
las pruebas de procedimientos penales que obren en su poder. En su
escrito, los abogados de las víctimas, Juan Garcés y Manuel
Murillo, exponen que en el ordenamiento español sólo el caso de
enajenación mental sobrevenida puede paralizar temporalmente una
causa, y ello hasta que el procesado recobre la salud.
La acusación particular señala también que una decisión
británica para que Pinochet no sea juzgado sería «política», y
contrastaría «con el rigor jurídico de los tribunales británicos en
este caso, que han aportado un valioso precedente en el desarrollo
del derecho internacional». Así, Joan Garcés afirmó que si la
decisión de liberar al general es «cuasijurídica», se vulneraría la
ley internacional.
Mientras, el abogado de víctimas de la dictadura argentina,
Carlos Slepoy, también personado en la causa, declaró ayer que si
Jack Straw impide que Pinochet sea extraditado a España violará la
legalidad internacional y pasará a la historia como la persona que
dejó en libertad al personaje.
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