El Gobierno, no obstante, aclaró a las autoridades del Reino Unido
que no presentará recurso ante la resolución que tome el ministro
de Interior, Jack Straw, en el proceso de extradición. Respecto a
la petición de interrogar a Pinochet que el juez Garzón remitió al
Ministerio de Interior británico, éste aseguró que es el ex
dictador quien debe decidir si autoriza al magistrado a
interrogarle.
La Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de
Asuntos Exteriores aseguró que el embajador, Santiago de Mora
Figueroa, ya ha entregado a las autoridades británicas las
alegaciones del juez Garzón sobre la puesta en libertad de Pinochet
por razones humanitarias debidas a su mala salud.
El comunicado de Exteriores añade que el embajador español
«tiene instrucciones de reiterar ante el Ministerio de Interior
británico la decisión de España de no presentar recurso alguno ante
la resolución que tome el Ministerio de Interior, en el proceso de
extradición del senador Pinochet». Asimismo, señala que en la
tramitación que legalmente le ha correspondido en este proceso al
Gobierno español, éste «ha perseguido desde el primer momento un
doble objetivo: en primer lugar, cumplir meticulosamente su
obligación de respetar y acatar las decisiones de la Justicia
española, en los términos de la obligación institucional que es la
suya. Y, en segundo lugar, preservar la relación bilateral con
Chile, que para España es y ha sido siempre prioridad absoluta».
Así, la nota de Exteriores concluye considerando que con esta
decisión, el Gobierno español «continúa cumpliendo, coherentemente,
aquellos dos objetivos fundamentales».
En su escrito de alegaciones, el juez Garzón pidió al Reino
Unido que se autorice la realización de un segundo examen médico
sobre la salud del es dictador en el que participen dos forenses
especializados en psiquiatría que hayan sido designados por el
Juzgado Central de iNstrucción número 5 de Madrid, en el que se
investigan los crímenes cometidos durante la dictadura chilena.
Asimismo, solicitaba al Gobierno británico que se le autorice a
realizar la comisión rogatoria que solicitó el 19 de octubre de
1998 para interrogar a Pinochet antes de que se decida sobre su
puesta en libertad.
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