Continua el desfile de testigos en el 'caso Lasa-Zabala'. Ayer
testificó el último gobernador civil de Guipúzcoa en el PSOE, Juan
María Jáuregui Apalategui, quien declaró que las investigaciones
realizadas tras la identificación de los cadáveres de ambos
jóvenes, en 1995, le condujeron a la convicción de que los autores
del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala habían sido «un grupo de
guardias civiles de Intxaurrondo con el comandante Enrique
Rodríguez Galindo a la cabeza».
Contó que cuando la investigación abierta por Interior tras la
identificación de los cadáveres apuntaba a la posible participación
de guardia civiles de Intxaurrondo, participó en mayo de 1995 en
una especie de trampa al coronel Enrique Rodríguez Galindo, que
entonces hacía el curso al generalato en Madrid.
Junto al entonces portavoz de Interior Fernando López Agudín,
cenó con Galindo y le contaron que un periódico iba a publicar
nombres y datos del caso «Lasa-Zabala». Entonces Galindo «se
levantó» y se fue sin tomar el postre, y luego hizo unas llamadas
telefónicas que fueron interceptadas.
Además, Jáuregui avaló la versión del testigo protegido Pedro
Miguéliz, «Txofo», de que fue presionado e intimidado por la
Guardia Civil para que no declarara en el juicio y cambiase su
testimonio. Confirmó que «Txofo» fue seguido y vigilado en
«bastantes» o «muy frecuentes» ocasiones por guardias civiles.
Jáuregui opinó que el objetivo de esos seguimientos era «la
intimidación» del testigo "«no creo que lo hicieran como deporte»,
ironizó" para que «cambiara su testimonio y no llegara a este
juicio», al tiempo que aseguró que denunció los hechos en comisaría
y a la Secretaría de Estado de Interior.
Jáuregui explicó que él fue testigo directo de uno de estos
seguimientos cuando el 24 de agosto de 1996, fecha en la ya no era
gobernador, comió con «Txofo» en el restaurante «El Anzuelo», de
San Sebastián, y descubrieron que eran vigilados y grabados con una
cámara de vídeo por dos agentes de la Guardia Civil.
Antes de la declaración del ex gobernador, se visionó el vídeo
"grabado de forma subrepticia en el despacho del abogado Argote"
que prueba que «Txofo» pidió al letrado cien millones para
rectificar sus declaraciones inculpatorias y reconoció que por
ellas cobró siete millones del Ministerio del Interior, aunque
mantuvo que lo que había contado al juez era lo que sabía.
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