El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, afirmó ayer que la
presentación de un eventual recurso de revisión para la extradición
a España de Augusto Pinochet «no tiene posibilidades reales de
prosperar», a la vez que no impediría la puesta su puesta en
libertad y repatriación a Chile. Por su parte, fuentes jurídicas
informaron que el juez Baltasar Garzón podría impugnar ante el
Tribunal Supremo una decisión del Gobierno español contraria a
tramitar su recurso a la determinación del ministro del Interior
británico, Jack Straw, de no conceder a España la extradición a
España de Pinochet.
Abel Matutes aseguró que la decisión que tomará Straw es
«discrecional» en el ámbito político y no judicial, por razones
humanitarias y médicas. Añadió que el caso se inscribe en el ámbito
de las relaciones de Gobierno a Gobierno y es a Straw a quien
competen las responsabilidades de esta decisión, «y no puede
compartirlas con nadie». En todo caso, el Ejecutivo español
respetará la decisión del ministro «sea cual sea». A juicio del
jefe de la diplomacia española, lo importante de este caso es que
«esta decisión corresponde a Jack Straw y España no recurrirá, a
ello nos hemos comprometido con Chile, que no comprendería otra
postura». Manifestó además que otra postura «afectaría
negativamente a las relaciones de España con este país».
Garzón solicitó al Gobierno que remita una petición formal a la
Fiscalía británica para que agote todas las posibles vías de
apelación sobre el caso y solicitó que se efectúe un segundo examen
médico a Pinochet con la presencia de forenses de la Audiencia
Nacional española.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el
Gobierno no tiene obligación de tramitar el recurso instado por el
juez Baltasar Garzón contra la previsible decisión del ministro del
Interior británico de denegar la extradición de Augusto Pinochet y
dejarlo libre por motivos de salud.
Fuentes fiscales explicaron que «es discutible que el Gobierno
esté obligado a remitir resoluciones que tengan por objeto
interponer recursos, porque eso lo tiene que interponer el fiscal
británico».
Las misma fuentes indicaron que si el asunto se enmarca en el
ámbito judicial, la resolución del Gobierno de no recurrir la
decisión de Straw podría ser impugnada ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, lo que no sería
posible si se entiende que se trata de un tema político.
Las asociaciones de fiscales rechazaron que haya interferencias
políticas en asuntos jurisdiccionales como el «caso Pinochet», ante
la decisión del Gobierno de no recurrir la denegación de la
extradición del general.
Por su parte, las asociaciones de jueces discrepan sobre si el
Gobierno español está obligado a tramitar el recurso del juez
Baltasar Garzón a la previsible decisión del ministro del Interior
británico de no conceder la extradición de Augusto Pinochet y
dejarle en libertad por motivos de salud.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura,
mayoritaria en la carrera, Santiago Martínez Vares, explicó que si
el Gobierno español actúa simplemente como un receptor de
documentos que se envían a la Justicia británica, como ha hecho
anteriormente, lo razonable sería que se limitase a trasladar el
hipotético recurso de Garzón.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.