El Gobierno no recurrirá la decisión de Straw sobre Pinochet como pide Garzón

Abel Matutes aseguró que la decisión que tomará Straw es «discrecional» en el ámbito político y no judicial, por razones humanitarias y médicas. Añadió que el caso se inscribe en el ámbito de las relaciones de Gobierno a Gobierno y es a Straw a quien competen las responsabilidades de esta decisión, «y no puede compartirlas con nadie». En todo caso, el Ejecutivo español respetará la decisión del ministro «sea cual sea». A juicio del jefe de la diplomacia española, lo importante de este caso es que «esta decisión corresponde a Jack Straw y España no recurrirá, a ello nos hemos comprometido con Chile, que no comprendería otra postura». Manifestó además que otra postura «afectaría negativamente a las relaciones de España con este país».

Garzón solicitó al Gobierno que remita una petición formal a la Fiscalía británica para que agote todas las posibles vías de apelación sobre el caso y solicitó que se efectúe un segundo examen médico a Pinochet con la presencia de forenses de la Audiencia Nacional española.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el Gobierno no tiene obligación de tramitar el recurso instado por el juez Baltasar Garzón contra la previsible decisión del ministro del Interior británico de denegar la extradición de Augusto Pinochet y dejarlo libre por motivos de salud.

Fuentes fiscales explicaron que «es discutible que el Gobierno esté obligado a remitir resoluciones que tengan por objeto interponer recursos, porque eso lo tiene que interponer el fiscal británico».

Las misma fuentes indicaron que si el asunto se enmarca en el ámbito judicial, la resolución del Gobierno de no recurrir la decisión de Straw podría ser impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, lo que no sería posible si se entiende que se trata de un tema político.

Las asociaciones de fiscales rechazaron que haya interferencias políticas en asuntos jurisdiccionales como el «caso Pinochet», ante la decisión del Gobierno de no recurrir la denegación de la extradición del general.

Por su parte, las asociaciones de jueces discrepan sobre si el Gobierno español está obligado a tramitar el recurso del juez Baltasar Garzón a la previsible decisión del ministro del Interior británico de no conceder la extradición de Augusto Pinochet y dejarle en libertad por motivos de salud.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, Santiago Martínez Vares, explicó que si el Gobierno español actúa simplemente como un receptor de documentos que se envían a la Justicia británica, como ha hecho anteriormente, lo razonable sería que se limitase a trasladar el hipotético recurso de Garzón.