Una nueva iniciativa legal presentada a última hora ha vuelto a
retrasar, al menos durante unos días, la resolución del caso contra
el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Varias organizaciones de
derechos humanos pedirán esta semana al Tribunal Superior de
Londres su permiso para presentar un recurso contra el
procedimiento que ha seguido el ministro del Interior, Jack Straw,
para, en definitiva, «inclinarse» a denegar la extradición del
general.
Los grupos, con Amnistía Internacional (AI) a la cabeza,
quieren, al menos, ver el informe médico en que se ha basado el
ministro del Interior, y quieren designar a sus propios
especialistas para hacer su propia valoración sobre la salud del
general. Según Amnistía, mañana mismo se puede producir la vista
judicial durante la que el Tribunal Superior deberá decidir si
puede haber recurso.
Y esta misma instancia tendrá que valorar, también, otra
petición similar quizá el jueves, día 27" presentada por Bélgica,
país que, junto a España, Francia y Suiza, ha pedido la extradición
de Pinochet.
Qué pasará con el «caso Pinochet» a partir de esta nueva
ofensiva legal depende de la decisión que tome el Tribunal
Superior, probablemente esta misma semana.
A las cinco de la tarde de ayer terminó el último plazo que
había dado Straw para que las partes "incluida España" le aclararan
ciertos puntos de sus alegaciones.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió al
Gobierno británico una ampliación del escrito de alegaciones, en la
que asegura que sólo en caso de graves alteraciones de la
personalidad o percepción, como oligofrenia, psicosis,
esquizofrenia o neurosis, se eximiría al ex dictador Augusto
Pinochet de un proceso penal. Además, el juez insiste en conocer
las conclusiones del examen médico porque se está violando el
derecho de defensa de las víctimas a las que se impide la
realización de un contrainforme médico.
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