El Gobierno destituye al director general de Migraciones por supuesta corrupción

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, asumió la responsabilidad política derivada de este hecho pero negó que en la actuación de su subordinado haya habido «desvío de fondos». «He sido la persona que le ha dado confianza, y además estaba muy satisfecho de su rendimiento; siempre fue un hombre de mi absoluta confianza, y el primer sorprendido soy yo, pero eso no quiere decir que no asuma la responsabilidad política», dijo Pimentel.

La destitución de Aycart suscitó numerosas reacciones entre los partidos de la oposición. El candidato socialista a las elecciones generales, Joaquín Almunia, dijo que la destitución del director general de Migraciones es la «condena» que merece un responsable público que «utiliza su cargo para engordar su bolsillo privado» y destacó la necesidad de «ser contundente y firme» ante estas situaciones.

Para el secretario de comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que cifró en unos 2.000 millones de pesetas las subvenciones para formación de las que ha podido beneficiarse la empresa vinculada a la esposa de Aycart, el cese era «obligado», y reclamó a José María Aznar que dé explicaciones de quién tiene la responsabilidad política de ese nombramiento, de no haber controlado adecuadamente las subvenciones y de que, «por enésima vez en el PP, aparezcan altos cargos lucrándose» de su posición.

Por su parte, el candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Francisco Frutos, calificó de «escándalo terrible» el hecho de que la esposa de Aycart se beneficiara de fondos públicos y expresó su esperanza en que el presunto caso de corrupción no quede en el cese fulminante de ese alto cargo y que haya además una persecución del posible delito.