El nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos
Aparicio, avanzó ayer los primeros datos de la investigación sobre
el «caso Aycart», que su departamento está llevando a cabo. Así,
Aparicio dijo que 1.800 de los 2.000 millones de subvenciones de
los que se benefició la empresa Centro Politécnico de Educación
(CPE), propiedad en un 50 por ciento de la esposa de Aycart, fueron
«derechos de cobro» generados en la anterior etapa de Gobierno
socialista entre 1994 y principios de 1996. Asimismo insistió en
que la «verdadera» razón por la que su antecesor, Manuel Pimentel,
dimitió «fue más el hecho de descubrir que uno de tus más directos
colaboradores no te ha dado toda la información».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
Aparicio explicó que casi todas las subvenciones que provocaron la
dimisión del ex ministro, Manuel Pimentel «fueron devengadas»,
cuando el titular del Ministerio de Trabajo era José Antonio
Griñán, e insistió en que si hubo en ese período alguna
«singularidad de trato» con la empresa mencionada fue porque era la
principal proveedora de la formación a distancia de los «contratos
basura» creados por el PSOE en la reforma laboral de 1994.
No obstante, «una vez que este tipo de contratos desaparecen,
desaparece la dinámica de subvenciones y se puede decir incluso que
se extingue la relación» con esta y otras empresas para ese
producto. Sin embargo, Aparicio admitió que si se demuestra, a
tenor de las investigaciones que se están llevando a cabo, la
existencia de una cantidad de 400 millones comprometida por Trabajo
para ser abonada a CPE en el 2000, este montante se pagará si los
derechos de cobro se generaron en situación de legalidad.
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