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El Plan de Acción para el Empleo para el 2000, que ayer fue aprobado en la primera reunión del Consejo de Ministros de la séptima Legislatura, movilizará casi dos billones de pesetas para fomentar la creación de puestos de trabajo, anunció el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en conferencia de prensa.

El Plan movilizará concretamente 1.930.940 millones de pesetas, lo que supone un treinta por ciento más que el montante destinado al Plan de 1999, y constará de un millón y medio de acciones de formación y empleo que se destinarán a más de un millón cien mil parados.

El ministro de Trabajo destacó que el descenso del número de parados en la pasada legislatura ha posibilitado que se aumente la cantidad destinada a políticas activas y, aunque el número de acciones será el mismo que en el Plan de 1999, al destinarse a menos parados, la calidad será mayor y de más duración.

El documento, que fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales el pasado día 13, fue enviado a la UE ayer mismo, de acuerdo con el plazo marcado por la Comisión que establecía como último día el próximo domingo.

Los instrumentos fundamentales para el desarrollo del Plan serán el diálogo social y la colaboración entre las administraciones, señaló Aparicio.
Añadió que la postura crítica mostrada por los sindicatos contra el Plan de Empleo «no ha sido superior ni en intensidad ni en grado» y el nivel de crítica es «comparable» al de años anteriores.

Aparicio manifestó que el reto del documento de este año es continuar con la política de igualdad de oportunidades entre sexos y destacó que el 61'1 por ciento de las acciones están dirigidas a mujeres, frente al 38'9 por ciento destinadas a los hombres. En ese sentido, destacó que la política de aplicación de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral será seguida con especial atención, «lo que responde al carácter prioritario del Gobierno» por el empleo femenino, dijo.

Las novedades que introduce este tercer Plan de Empleo son las recomendaciones del Consejo Europeo y que se refieren a las políticas preventivas contra el desempleo de los menores de veinticinco años y los parados de larga duración, las medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas y la integración de la política de igualdad de oportunidades entre sexos.