Las farmacias de una amplia representación de las ciudades
españolas cerrarán hoy como señal de protesta contra las medidas
aprobadas hace dos semanas por el Gobierno en relación al sector,
especialmente la que hace referencia a los descuentos en el cobro
de medicamentos a la Seguridad Social. Ante las críticas de los
farmacéuticos, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó que
los esfuerzos que pide el Gobierno a los farmacéuticos son
«razonables» y tienen como objetivo conseguir la mejor sanidad
pública posible.
Los farmacéuticos critican que el Ejecutivo siempre tome medidas
«contra ellos» a la hora de recortar el gasto en medicamentos. Los
profesionales de este ramo se muestran especialmente contrarios a
que las farmacias que superen un volumen de facturación tengan que
aplicar descuentos en el cobro de medicamentos a la Seguridad
Social. Además, critican la posibilidad de descuentos en los
medicamentos que se venden sin receta médica y reprochan al
Gobierno que intente «mantenerlos contentos» con el aumento de la
comisión por la venta de genéricos. Después de que los diferentes
colegios profesionales estudiaran la adopción de medidas
unilaterales en sus ciudades respectivas, los boticarios se unieron
y en su mayoría han decidido cerrar las farmacias durante la
jornada de hoy, aunque la duración del cierre no será el mismo en
todas las ciudades.
En los colegios se han anunciado más medidas de presión como
dejar de hacer de intermediario entre el consumidor y la Seguridad
Social en el cobro de los medicamentos, dejar de suministrar
genéricos o dejar de colaborar con la Universidad para que los
alumnos hagan prácticas, aunque de momento la única decisión para
toda España es el cierre de hoy. Sin embargo, los farmacéuticos
garantizan servicios de urgencia que serán incluso mayores que los
habituales en los días de fiesta. Frente a la reacción que han
tenido el sector, Rato calificó de «razonable» el esfuerzo que le
pide el Gobierno a los farmacéuticos, aunque comprendió que «puede
resultar incómodo». Rato justificó las medidas del Ejecutivo en un
intento de conseguir que los nuevos medicamentos, más caros, como
los que tratan el Alzheimer, puedan seguir siendo financiados por
la Sanidad Pública.
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