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Las farmacias de una amplia representación de las ciudades españolas cerrarán hoy como señal de protesta contra las medidas aprobadas hace dos semanas por el Gobierno en relación al sector, especialmente la que hace referencia a los descuentos en el cobro de medicamentos a la Seguridad Social. Ante las críticas de los farmacéuticos, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó que los esfuerzos que pide el Gobierno a los farmacéuticos son «razonables» y tienen como objetivo conseguir la mejor sanidad pública posible.

Los farmacéuticos critican que el Ejecutivo siempre tome medidas «contra ellos» a la hora de recortar el gasto en medicamentos. Los profesionales de este ramo se muestran especialmente contrarios a que las farmacias que superen un volumen de facturación tengan que aplicar descuentos en el cobro de medicamentos a la Seguridad Social. Además, critican la posibilidad de descuentos en los medicamentos que se venden sin receta médica y reprochan al Gobierno que intente «mantenerlos contentos» con el aumento de la comisión por la venta de genéricos. Después de que los diferentes colegios profesionales estudiaran la adopción de medidas unilaterales en sus ciudades respectivas, los boticarios se unieron y en su mayoría han decidido cerrar las farmacias durante la jornada de hoy, aunque la duración del cierre no será el mismo en todas las ciudades.

En los colegios se han anunciado más medidas de presión como dejar de hacer de intermediario entre el consumidor y la Seguridad Social en el cobro de los medicamentos, dejar de suministrar genéricos o dejar de colaborar con la Universidad para que los alumnos hagan prácticas, aunque de momento la única decisión para toda España es el cierre de hoy. Sin embargo, los farmacéuticos garantizan servicios de urgencia que serán incluso mayores que los habituales en los días de fiesta. Frente a la reacción que han tenido el sector, Rato calificó de «razonable» el esfuerzo que le pide el Gobierno a los farmacéuticos, aunque comprendió que «puede resultar incómodo». Rato justificó las medidas del Ejecutivo en un intento de conseguir que los nuevos medicamentos, más caros, como los que tratan el Alzheimer, puedan seguir siendo financiados por la Sanidad Pública.