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El PSOE e Izquierda Unida criticaron ayer, por distintas razones, los indultos concedidos por el Consejo de Ministros, mientras que el Gobierno justificó estas medidas de gracia basándose en «criterios objetivos», en respuesta a «una petición de la Santa Sede» y en coincidencia con el XXII aniversario de la Constitución. El acuerdo adoptado ayer, que supone la mayor medida de gracia adoptada por un Gobierno desde que se aprobó la Constitución de 1978, afecta, entre otros, al ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, tres de los condenados en el «caso Filesa» por la financiación irregular del PSOE, y a 460 insumisos.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que «el Gobierno ha hecho una utilización política del derecho de gracia», y advirtió de que «quien lleva la política al terreno de la justicia hace daño a la justicia. Sin querer valorar separadamente ninguno de los indultos, el líder socialista expresó su intención de «trabajar para que los ciudadanos crean plenamente en la justicia». Respecto a los implicados en el caso Filesa, el portavoz socialista consideró «muy correcto» el indulto porque «es una medida de gracia» sobre personas cuyas decisiones no van a incidir en la sociedad.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, denunció que el indulto «justo» de los 460 insumisos aprobado por el Consejo ha servido para «ocultar en la maraña» los indultos «que interesaban» y que «necesitaba llevar a cabo» el Gobierno de José María Aznar. Llamazares calificó la decisión del Ejecutivo de «cóctel navideño», apuntó que «alguien se tiene que estar removiendo en su tumba ante esta mezcla del poder ejecutivo con el judicial» que, a su juicio, «recuerda a la justicia de un soberano absolutista», y criticó «la deriva autoritaria» del Gobierno al pretender «mezclar el poder ejecutivo con el judicial». Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Felipe Alcaraz, habría que preguntar al PP y al PSOE si han pactado para compensar Liaño con Filesa.