El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró
ayer que el Gobierno «está convencido» de que la sentencia de la
Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los
funcionarios en 1997 y obliga al Ejecutivo a compensar a los
empleados públicos por las cantidades dejadas de percibir desde
entonces «será modificada» tras ser recurrida. Los sindicatos UGT y
CC OO se mostraron contrarios a que el Ejecutivo recurra la
resolución y anunciaron movilizaciones si el Gobierno no rectifica.
Posada anunció que el Gobierno «no abrirá ninguna negociación»
con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública hasta que la
sentencia no sea firme y reiteró que el Ejecutivo presentará
próximamente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra
esta sentencia.
Según explicó, el Gobierno tiene motivos económicos y jurídicos
para recurrir la sentencia. Además, indicó que la sentencia
contiene «defectos de forma» y «errores de hecho» y, según su
criterio, realiza una interpretación que «no respeta la separación
de poderes».
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, calificó de
«negativo e inconveniente» que el Gobierno rechace la convocatoria
de la Mesa General de la Función Pública para negociar con los
sindicatos sobre cómo y cuándo se va a proceder al pago de la
compensación dictada por el fallo de la Audiencia Nacional, no
descartando movilizaciones. En este sentido aseguró que el Gobierno
se escuda en el recurso de casación que presentará ante el Tribunal
Supremo para no abonar los atrasos de los dos millones de
funcionarios. El líder sindical afirmó que el Ejecutivo «debería
hacer una reflexión de que tiene muchos frentes abiertos», el del
'mal de las vacas locas', el del Tireless, del 'Síndrome de los
Balcanes', el caso Liaño, y por «ahora el único frente que no tiene
abierto es el frente con las organizaciones sindicales».
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