EfeMadrid30/01/01 0:00
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El fiscal considera que el Tribunal Supremo se excedió de su función al aplicar el indulto del ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño sin reintegrarle en la carrera judicial, tal como establece el decreto del Gobierno, y critica que excluyera la posibilidad de conflicto de jurisdicción. El fiscal del Supremo apoyó ayer el recurso de súplica interpuesto por Gómez de Liaño, condenado a quince años de inhabilitación por prevaricación en el «caso Sogecable», contra la decisión del alto Tribunal de denegar su reintegro en la carrera judicial acordado por el Consejo de Ministros en el decreto de indulto.

En un informe presentado ayer en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el fiscal estima que el Tribunal Supremo entró «en colisión con una facultad o prerrogativa del Gobierno». El Ejecutivo indultó a Liaño los 15 años de inhabilitación como juez que le impuso el Supremo por un delito continuado de prevaricación por decisiones que tomó en el «caso Sogecable» en un real decreto en el que además establecía que la medida de gracia debe suponer su reintegro en la carrera judicial con la condición de no volver a la Audiencia Nacional en 25 años.

El fiscal recuerda que, según la ley, los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a las leyes, «más de ahí no cabe concluir que estén habilitados para llevar a cabo una interpretación depuradora para su aplicación». El Ministerio Público, que solicita la nulidad del auto dictado por el Supremo, asegura que los magistrados pueden dejar de aplicar las disposiciones que crean contrarias a la ley «pero no darles un alcance que contraríe abierta y deliberadamente su contenido».

Por ello, niega la facultad «que se ha arrogado el tribunal» de modificar el real decreto limitando sus efectos y dice que «se trata de respetar el derecho reconocido al Rey, con el refrendo del presidente del Gobierno, de ejercer el derecho de gracia, determinando el alcance y contenido del indulto concedido». Considera que la interpretación que ha hecho el tribunal de la facultad del Gobierno al fijar el alcance del indulto «es al menos dudosa».