Las declaraciones realizadas el sábado pasado por el presidente del
PNV, Xabier Arzalluz, en las que criticaba que ETA matara a un
cocinero y no intentara «destruir el poder contra el que está»,
provocaron un día más la respuesta de los partidos firmantes del
«Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo». Por una parte,
el PSOE cree que las palabras del líder nacionalista son «casi una
incitación al crimen», mientras que el PP arremetió contra unos
planteamientos que tachó de «totalitarios».
Sin embargo, asociaciones de jueces y fiscales descartaron ayer
que las declaraciones de la polémica tengan trascendencia penal. El
secretario general del PP, Javier Arenas, no dudó al considerar que
los planteamientos «totalitarios» de Arzalluz son «poco humanos» y
similares a los de HB. En su opinión, esta situación reclama
elecciones para que pueda gobernar en Euskadi una persona de
«centro reformista». No obstante, estas declaraciones no cogen por
sorpresa al dirigente popular, ya que desde hace tiempo el líder
del PNV viene diciendo «auténticas barbaridades». A juicio de
destacados dirigentes del PP y el PSOE la Fiscalía debería analizar
las declaraciones de Xabier Arzalluz por si hay indicios de
delito.
Sin embargo, asociaciones de jueces y fiscales rechazaron que
estas afirmaciones puedan ser constitutivas de delito. La única de
las consultadas que cree que los partidos que estimen oportuno
hacer uso de acciones penales por este hecho están legitimados para
ello es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El
portavoz de esta asociación, José Luis Requero, afirmó que, al
menos, las declaraciones que podrían ser constitutivas de delito
son las referidas a que el asesinato de Carrero Blanco o el de
Melitón Manzanas «fueron poco menos que un acto cívico». La Unión
Progresista de Fiscales (UPF) cree que las palabras de Arzalluz «en
absoluto» pueden constituir un delito, mientras que calificó de
«grave irresponsabilidad» la actitud mostrada ante este asunto por
otros partidos en el País Vasco, ya que, a su juicio, supone un
intento de «criminalizar el nacionalismo moderado».
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