José Ángel Biel dijo ayer que el Ejecutivo aragonés planteará un recurso de inconstitucionalidad si así lo aconseja el informe solicitado a los juristas.

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La solicitud de dictamen por parte del Consell Consultiu, cuya opinión no es vinculante, fue presentada en su día por los grupos parlamentarios del PSC-CpC, ERC e IC-V. Los portavoces de Esquerra e Iniciativa ya han anunciado la presentación de una propuesta para que el Parlament de Catalunya interponga un recurso contra la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional. El dictamen considera que el artículo 7.1 de la ley, que impone restricciones a las libertades de reunión y manifestación de los inmigrantes «es anticonstitucional», al igual que el artículo 8 referido a la «libertad de asociación», cuya restricción o privación el Consell Consultiu también estima inconstitucional.

Por el contrario, en cuanto al artículo 9, que establece restricciones al derecho a la educación, el Consell Consultiu entiende que, al tratarse de un «derecho social» y no «fundamental», sólo existe obligación de garantizarlo a los ciudadanos de nacionalidad española o a los extranjeros con derecho a residencia. Respecto del artículo 11, referente a los derechos «sociales» de sindicación y de huelga, la mayoría de los miembros del consejo lo consideran inconstitucional, con la excepción de un voto particular que cree que esa limitación es «constitucional».

Aunque el dictamen de este organismo, formado por juristas de prestigio, no es vinculante ni para el gobierno catalán ni para el Parlament, sí que constituye un referente importante y, en la práctica se ha vuelto preceptivo antes de decidir la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por parte de las instituciones catalanas.

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, denunció «la ambigüedad» de los socialistas ante la materia, que sólo aceptan plantearse el recurso allí donde los votos de IU son decisivos para la gobernabilidad, como en Aragón o Balears, aunque lo rechazan en el resto como Andalucía. En este sentido, Alcaraz advirtió de que su coalición «presionará» en los parlamentos de Aragón y Baleares, donde el PSOE gobierna con su apoyo, para que estas cámaras presenten un recurso de inconstitucionalidad a la Ley.