El Estado podría adoptar medidas contra los pilotos de Iberia si
éstos decidieran ir de nuevo a la huelga una vez se haya completado
la privatización de la compañía aérea, cuya última fase se inició
ayer con la presentación de la oferta pública de venta (OPV). Así
lo declaró el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, tras la presentación de la
OPV, en la que se venderá el 53'9 por ciento del capital de la
compañía en poder de este organismo, incluida la opción de compra
que tienen las entidades aseguradoras, a un precio comprendido
entre 285 y 356 pesetas.
«El Estado deja de ser con esta operación accionista de Iberia,
pero no deja de ser regulador», explicó Ferreras, y podría tomar
medidas contra los pilotos, como la retirada de la licencia para
volar. Asimismo, Ferreras confió en que después de la salida a
Bolsa de Iberia, el próximo 3 de abril, no haya nuevas
convocatorias de huelga «de celo» por parte de los pilotos, ya que
recientemente «se han comprometido a renunciar» a nuevas acciones
de este tipo.
A finales de febrero y con las miras puestas en la última fase
de privatización de Iberia, los pilotos mantuvieron una huelga de
celo para conseguir un convenio a su medida que afectó al
transporte aéreo, con retrasos y cancelaciones. Según Ferreras,
este conflicto no se cerró en falso por la necesidad de comenzar la
OPV, sino «en cierto», y añadió que esta medida de presión no ha
afectado a la rentabilidad de la compañía.
El impacto que tendrá el tren de alta velocidad en el puente
aéreo Madrid-Barcelona será grande, ya que el presidente de Iberia,
Xabier Irala, dijo en la presentación de la OPV que los estudios
señalan que el AVE se hará con más de 40 por ciento de la demanda.
No obstante, Iberia espera que en el 2005 ó 2006 el número de
pasajeros del puente aéreo sea el mismo de ahora por el aumento del
tráfico aéreo.
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