El Gobierno se abstendrá hoy en la votación sobre el
establecimiento de un periodo transitorio de siete años para el
pleno establecimiento de los trabajadores procedentes de los países
del Este de Europa, según fuentes diplomáticas españolas. Con su
abstención España permitirá la aprobación de esta propuesta en la
reunión de Embajadores Permanentes de los Quince que tendrá lugar
hoy en Bruselas.
La propuesta de compromiso que se aprobará hoy estará en la
línea de las ideas de la Comisión Europea, que propuso un periodo
de transición de cinco años ampliable a otros dos para los países
miembros que lo consideren necesario y justifiquen esta decisión.
También incluirá una moratoria a la libre prestación de algunos
servicios, especialmente en el sector de la construcción, una
reivindicación alemana y austriaca. Madrid admite que la posición
defendida por Berlín y Viena y sustentada en el temor a una
avalancha de trabajadores procedentes de países más pobres, no es
de su agrado y no la entiende. No obstante, también se ha querido
dejar claro que España no bloqueará el proceso de ampliación, como
hasta ahora se le ha venido reprochando, vinculando el visto bueno
a esta moratoria con la garantía de que España mantendrá las ayudas
regionales cuando la renta de los nuevos socios convierta a España
en un país «estadísticamente» más rico.
En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía, Rodrigo Rato, manifestó en Valencia que
España «no ha cambiado su posición» respecto a la pretensión
alemana, pero que veía «conveniente» tener en cuenta otras
cuestiones como la repercusión que sobre la política regional
tendrá la ampliación. La secretaria de Política Internacional del
PSOE, Trinidad Jiménez, cree que el Gobierno actuó con «muchísima
torpeza» al vincular el debate sobre el mantenimiento de las ayudas
europeas con la libre circulación de personas y que, al final, se
ha visto obligado a ceder ante Alemania.
Según declaró Jiménez, al defender la postura española vetando
otros capítulos de la negociación, la diplomacia española no ha
hecho sino «desgastar» a nuestro país, dado que, en su opinión, a
pesar de que existen argumentos de peso para avalar el
mantenimiento de las ayudas regionales en una UE ampliada, no se ha
planteado de manera constructiva y por eso ha suscitado malestar en
Europa. También lamentó que el Gobierno haya pecado de «ignorancia»
creyendo que con una actitud «arrogante, como si tuviera mayoría
absoluta», iba a lograr sus objetivos en Europa. «Si el Gobierno es
inteligente debería plantear el debate de otra manera»,
recordó.
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