La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
denegó ayer la extradición a Estados Unidos del industrial vasco
José Ignacio López de Arriortúa, 'Superlópez', considerando que los
delitos que se le imputan «no dan lugar en España a una
responsabilidad grave». Sin embargo, el Tribunal deja abierta la
puerta para que sea juzgado en España por estos hechos si lo
estiman conveniente las autoridades estaudonidenses y piden la
apertura de un nuevo procedimiento.
En un auto, el Tribunal afirma que la demanda de extradición «no
se encuentra justificada», amparándose en que los tratados de
extradición firmados entre España y Estados Unidos no obligan a la
entrega automática de nacionales. «Los diversos delitos que sirven
de fundamento a la petición de extradición "apoderamiento ilícito
de documentos y revelación de secretos industriales de General
Motors en favor de Volkswagen", no dan lugar en España a una
responsabilidad grave», afirma el auto, contraponiendo este caso a
aquellos en los que sí se ha concedido la extradición de españoles
a EE UU, puesto que estaban acusados de violación, tráfico de
estupefacientes y estafa, agravada por afectar a múltiples
perjudicados.
En el caso de López de Arriortúa, además de que los delitos
imputados «no dan lugar en España a una responsabilidad grave»,
debe tenerse en cuenta que por los mismos hechos se siguió un
procedimiento en Alemania que concluyó en archivo, después de que
el industrial vasco accediera a pagar 400.000 marcos alemanes (34
millones de pesetas al cambio actual) a una fundación benéfica.
Además, General Motors/Opel y el grupo Volkswagen alcanzaran un
acuerdo extrajudicial, cuyos efectos también debían ser aplicarse
al industrial.
A pesar de que durante la vista oral celebrada el pasado mes de
mayo en la Audiencia Nacional, la mayor parte del tiempo se dedicó
a determinar si el estado de salud de López de Arriortúa le impedía
o no someterse a juicio, el auto, de 12 páginas, sólo menciona que
en 1998 «sufrió un accidente de tráfico, a consecuencia del cual
padece secuelas graves que exigen tratamiento médico y le
incapacitan absolutamente para cualquier actividad laboral». Por
ello, «en la actualidad se encuentra retirado de cualquier cargo
directivo o responsabilidad empresarial».
«Tampoco puede desconocerse "dice el auto de la Audiencia
Nacional" que, por diversas circunstancias no imputables al Estado
reclamante, la demanda extradicional, ha tardado casi siete años en
formularse, cuando el plazo de prescripción del delito, en el que
se basa la reclamación, es tan solo de cinco años.
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