El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, atiende a los periodistas en los pasillos del Congreso.

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La Fiscalía de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer, por 10 votos a 2, aprobar el informe del fiscal Bartolomé Vargas que propone la imputación del ministro de Exteriores, Josep Piqué, por los casos Ercros y Ertoil para investigarle por los presuntos delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes y fraude fiscal. No obstante, la decisión final sobre si procede la imputación corresponderá al fiscal del Estado, Jesús Cardenal.

La Sección de la Fiscalía del Supremo a la que pertenece Vargas ha debatido la propuesta del fiscal de que el Tribunal Supremo asuma la competencia del caso y que nombre a un juez instructor que cite a declarar como imputado a Piqué. Díez de los doce fiscales, se mostró de acuerdo en solicitar a la Sala Segunda que intervenga. Antes, la decisión será comunicada a la Junta General de la Fiscalía del Tribunal Supremo, presidida por Cardenal, el próximo jueves 28 de junio.

El fiscal solicita la investigación sobre un presunto alzamiento de bienes en la suspensión de pagos de Ercros y de una supuesta apropiación indebida y fraude a Hacienda en la venta de su filial Ertoil, en fechas en las que Piqué era alto directivo de Ercros. Vargas intentó imputar a Piqué el pasado año. Ya entonces obtuvo el respaldo de 9 compañeros y el voto contrario de 3, uno menos que ahora, sin embargo, fue relevado de redactar el informe final, al discrepar con el fiscal jefe de la Sección, José Leopoldo Aranda, y el fiscal del Estado, por lo que se descartó pedir la citación del ministro de Exteriores.

En la votación de ayer, se mostraron en contra de citar a Piqué el fiscal jefe de la Sección, José Aranda, y Antonio Salinas, fiscal del 'caso Filesa', caso de corrupción relativo a la financiación irregular del PSOE. Ambos consideran que de la documentación actual no se desprenden indicios suficientes de delito. El informe de Vargas cifra en 18.300 millones el montante de la apropiación indebida que pudo producirse en la venta de Ertoil (comprada por CEPSA) en 1991, a los que habría que sumar 9.700 millones correspondientes sólo a comisiones. En cuanto al fraude fiscal, tendría que ver con los impuestos dejados de pagar en la operación.