En opinión de Castresana la imparcialidad de Jesús Cardenal se ve
afectada porque su nombramiento fue realizado por el Consejo de
Ministros. Mientras, el Gobierno pide respeto para Josep Piqué, ya
que, según el ministro Portavoz, la especulación con derechos de
los ciudadanos es mucho más que inoportuna y aún no hay ninguna
decisión judicial. Sin embargo, la oposición pide al responsable de
Asuntos Exteriores que declare voluntariamente para aclararlo todo
e incluso exige su dimisión. En una rueda de prensa, el fiscal
Castresana explicó que las partes personadas en el caso tienen la
posibilidad de solicitar la no intervención de Cardenal por su
interés directo o indirecto en esta causa, ya que su puesto depende
del Consejo de Ministros del que Piqué forma parte. Esta propuesta
debería ser resuelta por el Ministro de Justicia, Angel Acebes,
según prevé el Estatuto Fiscal.
Según Castresana, el hecho que el Consejo pueda cesar a Cardenal
cuando quiera, deja al fiscal del Estado en una situación de
dependencia que afecta a su imparcialidad objetiva, por lo que
debería abstenerse y dejar que sean otros miembros de la Fiscalía
los que decidan sobre la imputación del ministro. Además, para
argumentar su propuesta, el fiscal anticorrupción aludió a la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También puso
como ejemplo el ´caso Lewinsky´, en el que la fiscal general y
secretaria de Justicia, Janet Reno, tuvo que abstenerse a favor del
fiscal especial Kenneth Starr en relación con la investigación a la
que fue sometido el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill
Clinton.
Desde el Gobierno, en rueda de prensa tras la reunión del
Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas,
demandó a los partidos de la oposición que respeten los derechos
fundamentales de Piqué, «porque la especulación con derechos de los
ciudadanos es mucho más que inoportuna» y se está hablando del
ministro como si ya hubiera sido imputado, «a veces por ignorancia
y otras por mala fe». Así, destacó que el Gobierno respeta las
decisiones judiciales, pero en estos momentos «no existe ninguna
resolución, ningún imputado y mucho menos un inculpado». El
Gobierno aclaró que el titular de Exteriores cuenta con «todo el
apoyo y el reconocimiento» del Gobierno Aznar.
Por su parte, el ministro de Justicia, Àngel Acebes, contestó a
la propuesta realizada por Castresana y solicitó que se respeten,
«con carácter general», todos los procedimientos judiciales, y que
se deje a los jueces y fiscales «que hagan su trabajo y decidan
conforme a derecho». A pesar de las peticiones del Gobierno, el
portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, apoyó la petición de
Castresana y solicitó que el fiscal del Estado se inhiba en los
trámites para la imputación de Piqué. Así, explicó que el cargo de
Cardenal depende de Aznar y del Consejo de Ministros y, por tanto,
«está en sus manos». El líder del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, pidió por su parte al fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal, que «cumpla con su obligación legal y constitucional»
ante el 'caso Ercros'.
Por el contrario, la Asociación de Fiscales rechazó la petición
de Castresana porque Jesús Cardenal no tiene ningún interés
personal en la causa, y además no tiene una relación de
subordinación con el Gobierno. Para el portavoz, José Antonio
Martín Caro, el nombramiento del fiscal general está regulado en la
Constitución y no es concretamente del Gobierno, sino del Rey a
propuesta del Ejecutivo, una pequeña matización».
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