OTR PressMadrid12/07/01 0:00
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El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, manifestó ayer, tras ratificar la decisión de la Junta de Fiscales de Sala de no imputar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que aunque existen sospechas e indicios sobre la actuación del ex directivo de Ercros, no son suficientes «como para pedir que se le cite porque la sospecha es una cosa muy general y muy imprecisa». Conformes con el desenlace del 'caso Piqué', desde el Gobierno los dirigentes populares se han dirigido hacia el PSOE para exigir que rectifiquen y pidan disculpas al ministro.

Mientras, los socialistas siguen quejándose de la actuación del fiscal general, que según el PSOE ha actuado como defensor del Gobierno, y en palabras del miembro de la Ejecutiva, Juan Fernando López Aguilar, denunció que la Justicia española tiene un doble carril que beneficia al PP. Cardenal explicó que no hay motivos racionales, ni rigurosos, para citar a un aforado a declarar, únicamente basándose en que ocupara cargos de relevancia en Ercros.

Por su parte, Piqué expresó ayer su respeto por la decisión de la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional de no llamarle a declarar como imputado y subrayó su predisposición a comparecer si es llamado como testigo. El titular de Asuntos Exteriores reiteró ayer en Tolouse su predisposición a colaborar al esclarecimiento del caso desde su «tranquilidad de conciencia» y agradeció a José María Aznar, su apoyo en este asunto.

En el Gobierno se ha aprovechado el momento para responder a las críticas del PSOE. Así, el secretario general de los populares, Javier Arenas, solicitó al partido dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero que «pida disculpas» al ministro de Asuntos Exteriores y se preguntó cómo pueden calificar de «arbitraria» una decisión que está tomada por 13 votos a favor y tan sólo dos en contra. Los socialistas han arremetido contra la actuación del fiscal general. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, denunció la actitud «servil» mostrada por Cardenal durante todo el procedimiento del caso Ercros y le acusó, una vez más, de actuar «más como abogado defensor» del ministro de Asuntos Exteriores que como fiscal general del Estado.