La UGT deberá indemnizar con un máximo de 13.000 millones de
pesetas a los perjudicados por la crisis de PSV, según la sentencia
dada a conocer ayer por la Audiencia Nacional, en la que se impone
una pena de dos años y cuatro meses de cárcel al ex director de la
cooperativa, Carlos Sotos. Con la sentencia de la Audiencia
Nacional, se cierra el importante conflicto social que provocó la
suspensión de pagos de esta cooperativa de viviendas en diciembre
de 1993, en la que habían invertido 54.300 millones de pesetas unos
19.135 cooperativistas.
La condena de Sotos está acompañada por la absolución de los
otros cuatro acusados en este proceso, los ex directivos de la
gestora IGS, también vinculada a UGT, Fermín Bretón y Francisco
Hernández, y los ex secretarios de finanzas de UGT Sebastián Reyna
y Paulino Barrabés. Para justificar esta decisión, el tribunal
asegura tener «serias y racionales dudas sobre su responsabilidad
criminal», ya que sólo pudieron incurrir en «inobservancia» de lo
que ocurría en PSV, puesto que «todo estaba en manos de Sotos».
Tras escuchar a unos 70 testigos durante casi un año, el
Tribunal opina la PSV no era una «cooperativa al uso», sino que
formaba parte de un proyecto más «amplio y ambicioso patrocinado
por la UGT». Este es el motivo por el que la sentencia declara al
sindicato responsable civil subsidiario de la pena impuesta a
Carlos Sotos, lo que hace que recaiga en esta organización el pago
de la indemnización de 13.000 millones de pesetas a los
cooperativistas, que se repartirán cuando se decrete la ejecución
de la sentencia. La Audiencia Nacional describe en la sentencia con
dureza la responsabilidad de Sotos al frente del grupo empresarial
que creó el sindicato en torno al grupo Iniciativas y Gestión de
Servicios Urbanos (IGS), del que formaba parte la PSV.
Según la sentencia, Sotos era la persona que «hacía y deshacía
según su leal saber y entender, sin limitación alguna y con la
anuencia expresa o tácita de los demás», por lo que le atribuye la
responsabilidad de la crisis de la cooperativa, en la que nunca se
enriqueció. Aunque esta resolución será recurrida ante el Supremo,
como ya anunciado el abogado de Sotos, el ex director no ingresará
en la cárcel, pues no cuenta con antecedentes penales y se le
descontarán los trece meses que permaneció en prisión preventiva al
inicio del proceso.
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