El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, pidió a los
cinco ministros que abran, antes de «que se vayan de vacaciones»,
una investigación «inmediata» en sus respectivos departamentos para
aclarar posibles irregularidades en relación al caso Gescartera. El
PSOE, según explicó Caldera, opina que el alto número de
instituciones públicas implicadas en el caso Gescartera, puede
generar la desconfianza de los inversores hacia las instituciones
financieras.
Además, pidió al ministro de Defensa, Federico Trillo, y al de
Interior, Mariano Rajoy, que suspendan de empleo y sueldo al
coronel de la Guardia Civil, José Giménez-Reyna, tras conocerse que
viajó gratis a París para presenciar una final de fútbol invitado
por Gescartera. En opinión del PSOE, el ministro de Economía,
Rodrigo Rato, debe investigar por qué se autorizó la conversión de
Gescartera en agencia de valores, y el de Hacienda, Cristóbal
Montoro, por qué dimitió el secretario de Estado Enrique
Giménez-Reyna y si ha habido fraude fiscal a través de la agencia
de valores.
El ministro de Defensa, Federico Trillo, debe abrir una
investigación sobre los motivos por los que la Armada invirtió
parte de sus fondos en esta agencia, iniciativa de la que el PSOE
duda que sea legal, mientras que Jesús Posada, de Administraciones
Públicas, debería analizar si el ex vicepresidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Luis Ramallo, vulneró su régimen
de incompatibilidades. Ante estas peticiones, el portavoz del PP en
la comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte
reprochó al PSOE estar utilizando el caso Gescartera para «sembrar
dudas de corrupción», y defendió la actuación de la CNMV al haber
detectado las irregularidades cometidas en esta agencia de
valores.
En concreto, Martínez Pujalte, acusó al PSOE de hacer una
oposición «irreflexiva, irresponsable e ignorante», y retó al
principal partido de la oposición a un «verdadero debate» sobre
corrupción. El secretario de Estado de Economía, José Folgado,
también salió en defensa de la CNMV, al señalar que creer que hubo
información privilegiada hacia algunos inversores para que pudieran
retirar a tiempo sus inversiones, «seria prejuzgar». El secretario
general del Partido Popular, Javier Arenas, afirmó por su parte que
el Gobierno «no tiene ningún tipo de responsabilidad» en el caso
Gescartera, y aseguró que la actitud del Ejecutivo es «investigarlo
con todas las consecuencias». Arenas manifestó que en España ya ha
habido etapas en las que han salido a la luz casos de
irregularidades ante las que el Gobierno ha mantenido la misma
postura.
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