El propietario de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, afirmó, por
tanto, que los 18.000 millones desaparecidos no están en Estados
Unidos como defendió en su primera declaración. Según fuentes
jurídicas, Camacho "que compareció por segunda vez ante la juez
Teresa Palacios a petición propia" negó haberse apropiado del
dinero de sus clientes, y atribuyó el agujero de Gescartera a la
mala gestión y a las crisis sufridas por las bolsas desde 1989. Los
abogados de los afectados calificaron de «estrafalaria» esta nueva
versión de los hechos que, además de ser «falsa» y «no sostenerse»,
contradice su primera declaración, en la que dijo que el dinero
estaba en EE UU. En este sentido, Camacho desveló que una de las
sociedades estadounidenses implicadas en el caso, Martin
Investment, fue creada por él mismo para obtener financiación en el
extranjero y poder devolver el dinero a los clientes, iniciativa
que se ha visto impedida por su encarcelamiento, según ha relatado
su abogado, Miguel Bajo.
El principal imputado en el «caso Gescartera», actualmente en
prisión preventiva, explicó que esta agencia de valores arrastraba
el déficit patrimonial desde 1989 y evitó comunicar a los clientes
las minusvalías de sus carteras con la confianza de que se
recuperaría en inversiones posteriores más afortunadas. Bajo
explicó que la pérdida de las inversiones ha sido paralela a la
crisis de las empresa tecnológicas, mientras que otros abogados
presentes señalaron que entre las inversiones que, según Camacho,
se realizaron, figuran Sniace, que desde enero del 2000 ha perdido
sólo un 2'12 por ciento, y Radiotrónica, que ha ganado casi un 24%
en ese periodo.
El abogado de Camacho, además de calificar de «mala suerte» las
pérdidas en bolsa, aseguró que los clientes asumieron este riesgo
al invertir en renta variable, con lo que desmintió que la agencia
ofreciera altos tipos de interés fijos a los inversores. «Hay altos
directivos de Telefónica "dijo Bajo" que se han hecho
multimillonarios en valores de renta variable en los últimos años.
Lo malo es que a otros les cae la desgracia», como es el caso de
Camacho y de sus clientes. En cualquier caso, explicó en la
declaración que la totalidad del dinero no está perdido, y que
serán los informes periciales los que determinarán los fondos que
quedan. Esta forma de actuar, según considera su abogado, no supone
un delito de apropiación indebida, puesto que «una cosa es que
desaparezcan unos millones y el administrador no sepan donde están,
y otra que desaparezcan sabiendo cómo, que es por las crisis que se
producen en los años 90».
Además, el principal imputado se siente capaz de demostrar cada
una de las inversiones fallidas realizas, aunque su abogado
reconoció la desesperación de Camacho por no poder defenderse desde
la cárcel, donde no tiene acceso a sus documentos. En sus cuatro
horas de declaración, afirmó que tanto la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) como la Fundación ONCE conocían la
situación financiera que atravesaba Gescartera, sobre todo esta
última entidad, que entró en el accionariado por mediación de la
presidenta de la agencia Pilar Gimenez-Reyna.
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