Miguel Bajo y José Lozano, abogados del propietario de Gescartera.

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El propietario de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, afirmó, por tanto, que los 18.000 millones desaparecidos no están en Estados Unidos como defendió en su primera declaración. Según fuentes jurídicas, Camacho "que compareció por segunda vez ante la juez Teresa Palacios a petición propia" negó haberse apropiado del dinero de sus clientes, y atribuyó el agujero de Gescartera a la mala gestión y a las crisis sufridas por las bolsas desde 1989. Los abogados de los afectados calificaron de «estrafalaria» esta nueva versión de los hechos que, además de ser «falsa» y «no sostenerse», contradice su primera declaración, en la que dijo que el dinero estaba en EE UU. En este sentido, Camacho desveló que una de las sociedades estadounidenses implicadas en el caso, Martin Investment, fue creada por él mismo para obtener financiación en el extranjero y poder devolver el dinero a los clientes, iniciativa que se ha visto impedida por su encarcelamiento, según ha relatado su abogado, Miguel Bajo.

El principal imputado en el «caso Gescartera», actualmente en prisión preventiva, explicó que esta agencia de valores arrastraba el déficit patrimonial desde 1989 y evitó comunicar a los clientes las minusvalías de sus carteras con la confianza de que se recuperaría en inversiones posteriores más afortunadas. Bajo explicó que la pérdida de las inversiones ha sido paralela a la crisis de las empresa tecnológicas, mientras que otros abogados presentes señalaron que entre las inversiones que, según Camacho, se realizaron, figuran Sniace, que desde enero del 2000 ha perdido sólo un 2'12 por ciento, y Radiotrónica, que ha ganado casi un 24% en ese periodo.

El abogado de Camacho, además de calificar de «mala suerte» las pérdidas en bolsa, aseguró que los clientes asumieron este riesgo al invertir en renta variable, con lo que desmintió que la agencia ofreciera altos tipos de interés fijos a los inversores. «Hay altos directivos de Telefónica "dijo Bajo" que se han hecho multimillonarios en valores de renta variable en los últimos años. Lo malo es que a otros les cae la desgracia», como es el caso de Camacho y de sus clientes. En cualquier caso, explicó en la declaración que la totalidad del dinero no está perdido, y que serán los informes periciales los que determinarán los fondos que quedan. Esta forma de actuar, según considera su abogado, no supone un delito de apropiación indebida, puesto que «una cosa es que desaparezcan unos millones y el administrador no sepan donde están, y otra que desaparezcan sabiendo cómo, que es por las crisis que se producen en los años 90».

Además, el principal imputado se siente capaz de demostrar cada una de las inversiones fallidas realizas, aunque su abogado reconoció la desesperación de Camacho por no poder defenderse desde la cárcel, donde no tiene acceso a sus documentos. En sus cuatro horas de declaración, afirmó que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la Fundación ONCE conocían la situación financiera que atravesaba Gescartera, sobre todo esta última entidad, que entró en el accionariado por mediación de la presidenta de la agencia Pilar Gimenez-Reyna.