La directora general de Relaciones con la Administración de
Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Bendala, dijo que se ha
puesto vigilancia de veinticuatro horas en varias sedes judiciales
de la Costa del Sol, como las de Fuengirola, Estepona y
Torremolinos, después de que esta última fuera asaltada. Bendala
aseguró que esta vigilancia ya existía en los juzgados de la
capital malagueña y en los de Marbella, de donde el mes pasado
fueron sustraídos varios expedientes relacionados con el alcalde de
la localidad, Jesús Gil. La directora general, que recordó que es
fiesta local en Málaga, aseguró que hasta hoy no podrá saberse con
detalle si de la sede judicial de Torremolinos ha sido sustraído
algo, ya que habrá que revisar los expedientes uno por uno, y esta
tarea requiere tiempo.
El asalto se produjo en el edificio que alberga cuatro juzgados
de Torremolinos y, confirmó Bendala, los asaltantes entraron,
además de en las oficinas judiciales, en la fiscalía, en el colegio
de abogados y en el de procuradores. Sin embargo, el juez decano
comunicó a Bendala que «parece que en principio no ha habido
desaparición de cosas que puedan ser notorias, ni se echa de menos
nada», lo cual no se podrá confirmar hasta hoy, cuando se hayan
repasado todos los expedientes.
«Nadie ha entrado en el sistema informático ni se ha producido
ninguna conexión a la base de datos, ni se ha tocado la base de
datos ni el servidor de los juzgados», aseguró Bendala. La
vigilancia en las principales sedes judiciales de la Costa del Sol
se ha establecido, según Bendala, «por si alguien piensa que a río
revuelto se puede entrar en cualquier sede judicial o alguien
pretende demostrar que están mal vigiladas». Sobre las peticiones
de comparecencia parlamentaria de la consejera andaluza de
Justicia, Carmen Hermosín, para explicar las deficiencias en los
juzgados andaluces, Bendala dijo que «la consejera es la primera
que está interesada en comparecer y así lo dijo el primer día».
En el caso de la sustracción de Marbella, matizó que ha sido
«una actuación interna» y que por tanto es «imposible de controlar
por medidas de seguridad externas», y consideró «lamentable» que se
trate de implicar a la Administración autonómica. Horas antes, el
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, negó que el
problema incumba a su Gobierno ya que, según explicó, se trata de
un problema de corrupción y no de seguridad. Mientras, las
asociaciones de jueces pidieron que se aumenten las medidas de
seguridad en los juzgados para evitar nuevos robos.
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