El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha pedido a la
Interpol que abra una investigación que determine si existen
cuentas del propietario de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, en
Suiza o en paraísos fiscales como las islas Jersey o Caimán. Si se
localizan esas cuentas secretas y si tienen fondos, se pediría,
mediante una comisión rogatoria al país correspondiente la
intervención y bloqueo de las mismas. En la instrucción del caso,
ayer se supo que la juez Teresa Palacios dio permiso para que el
imputado José María Ruiz de la Serna vaya a la sede de la agencia
de valores, bajo vigilancia de la CNMV, para coger documentos
fiscales para acreditar sus declaraciones a Hacienda entre 1997 y
2000.
El teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, pidió el
lunes en un escrito al juez que se iniciara una «investigación
policial urgente» con el fin de detectar las supuestas cuentas que
Antonio Camacho tiene abiertas en el suizo EFG Bank Group de
Ginebra. Dicha entidad bancaria tiene una oficina en la isla de
Jersey que administra fondos por más de 260.000 millones de
pesetas, y en dicha isla están ubicadas también las sociedades
Stock Selection y Euroinvestment UK Ltd., creadas por Camacho para,
supuestamente, canalizar el 'dinero B' de Gescartera.
Las diligencias emprendidas por la Audiencia Nacional tienen
como fin que se confirme la existencia de estas sociedades para
poder solicitar posteriormente su intervención y bloqueo. Según
distintas informaciones aparecidas en la prensa, Camacho tendría
dinero depositado en las sociedades Willow, del paraíso fiscal
Grand Canyon, y Beta Capital Investment, de Miami. Una rápida
intervención de las cuentas de Camacho es clave para poder resarcir
a los cerca de 2.000 inversores de Gescartera cuyo dinero ha
desaparecido. Camacho sostiene que los 18.000 millones
desaparecidos se perdieron en malas inversiones en Bolsa.
El fiscal Luis López Sanz ya ha emitido el preceptivo informe
sobre la querella presentada el pasado 23 de julio por la
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que
pretende personarse en el caso como acusación popular, instándola a
que especifique el número de afectados a los que representa y
cuáles son personas físicas o jurídicas. En su querella Adicae
solicitaba la responsabilidad civil subsidiaria de la ONCE que,
aunque está personada en el caso como afectada, posee el 10 por
ciento de la agencia de valores.
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