EfeMadrid23/08/01 0:00
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Montoro aseguró que era «descabellado» y un «auténtico desatino» pensar que el Gobierno benefició de alguna manera a Gescartera y añadió: «Estoy casi seguro, estoy convencido de que no tiene por qué haber habido ningún tipo de injerencia o influencia anómala o extraña» de ningún miembro de la Administración con Gescartera. También defendió las iniciativas emprendidas por el Ejecutivo para la resolución del «caso Gescartera», como la apertura de investigaciones internas en la Administración, las inspecciones fiscales a los propietarios e inversores de la agencia de valores y la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Además, Montoro indicó que las consecuencias del «caso Gescartera», agencia en el que múltiples organizaciones religiosas han resultados perjudicadas, no afectarán a las negociaciones que se iniciarán el próximo mes para estudiar la financiación de la Iglesia. Mientras Montoro ofrecía estas explicaciones, Llamazares pedía su cese, al considerar que es el principal responsable político del caso Gescartera por nombrar y no vigilar al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, persona a la que Montoro alabó su labor pública como artífice de la reforma fiscal.

Llamazares también indicó que IU ha pedido la comparecencia en el Congreso de Montoro y del ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que expliquen la relación de sus departamentos con Gescartera y las investigaciones internas que han emprendido. Por otro lado, el PSOE cree que el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica debe ser revisado porque puede no ser acorde con la Constitución, debido a que el Estado le concede 9.000 millones de pesetas de «subvención directa» además de los 15.000 millones recaudados mediante el 0'5 por ciento del IRPF.

Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Hernando, criticó las pretensiones de Llamazares y reprochó su «precipitación» y «ganas de protagonismo» al exigir responsabilidades por el «caso Gescartera» antes de que se cree la comisión de investigación en el Congreso. En el terreno de las declaraciones políticas apareció el portavoz del PNV Iñaki Anasagasti con la petición de la dimisión de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, que justificó en la existencia de suficiente información sobre este escándalo como para solicitar el cese.