La investigación parlamentaria sobre el 'caso Gescartera' podrá
llevarse a cabo por fin en base al principio de acuerdo que las
direcciones de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE
alcanzaron ayer, para constituir la Comisión que, a partir del
próximo día 7 y con un plazo mínimo de tres meses, se encargará de
realizar estos trabajos. Ante la posible presidencia de
Convergencia i Unió (CiU) de esta Comisión, el portavoz de la
coalición en el Congreso, Xavier Trías, aseguró que asumirá esta
función si su funcionamiento se plantea de forma constructiva,
mientras que desde la cúpula de Izquierda Unida, se ha tachado esta
iniciativa de «estafa democrática» porque el PP no quiere entrar en
las responsabilidades políticas.
El próximo martes, la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso
se reunirán, como estaba previsto desde antes del verano, con el
objetivo de convocar para el día 6 de septiembre un pleno
extraordinario donde se aprobará la creación de la Comisión de
Investigación parlamentaria para desvelar las dudas que en materia
de control gubernamental se han generado en torno al 'caso
Gescartera'. Un día después, el órgano quedará constituido con un
plazo mínimo de tres meses para sus trabajos, prorrogables por
acuerdo, para establecer sus conclusiones.
Aunque en un principio, el PP había propuesto dos meses y el
PSOE hablaba de un mínimo de seis, finalmente, ambas formaciones
alcanzaron ayer acuerdo, ultimado por el portavoz de Economía del
PP, Vicente Martínez Pujalte y por el diputado socialista Antonio
Cuevas, miembro de la dirección del Grupo Parlamentario del PSOE,
que previsiblemente serán los portavoces de los grupos mayoritarios
en la Comisión. Por el momento, queda por determinar quién ocupará
la presidencia de la comisión, aunque las circunstancias apuntan a
que recaerá en algún representante de las formaciones
nacionalistas, presumiblemente de CiU.
Trías declaró que los nacionalistas catalanes aceptarán esta
posibilidad si se afronta con «voluntad constructiva» y no como un
enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. En su opinión, el
plazo que se establezca para los trabajos de la Comisión de
Investigación no deben ser el objeto central de las discusiones
previas, pues sostiene que debe dejarse abierta la posibilidad de
mantener la Comisión hasta que se acabe su labor.
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