Las defensas de los acusados por el «caso de los fondos reservados»
pidieron ayer la nulidad de actuaciones por irregularidades en la
instrucción y en concreto la del ex ministro José Luis Corcuera la
calificó de «proceso inquisitivo, general y universal» contra él.
Además de Corcuera, se sientan en el banquillo el ex ministro del
Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la
Seguridad Rafael Vera y el ex director de la Seguridad del Estado
Julián Sancristóbal. También están acusados el ex jefe del Mando
Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Àlvarez, el ex
director de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex
gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López.
Torres, abogado de Corcuera, dijo que su defendido fue
investigado a raíz de la presentación de varias denuncias anónimas
que fueron declaradas secretas y a las que no tuvo acceso. Además,
señaló que la juez que instruyó el caso ordenó a la policía
investigar el patrimonio de la esposa, los hijos, los padres e
incluso los amigos y compañeros de trabajo del ex ministro.
Por su parte, el abogado de Sancristóbal, José María Stampa
Braun, planteó que el ex director general de la Guardia Civil
Roldán, que declarará como testigo, debe aclarar sus acusaciones.
Stampa recordó que su cliente ha devuelto los 66 millones que
supuestamente percibió de los fondos reservados y que «su confesión
de los hechos» es la única prueba de que recibió ese dinero. El
abogado de Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, solicitó la nulidad
de las actuaciones por entender que se vulneraron derechos
fundamentales de su cliente como el derecho al juez ordinario
predeterminado por la Ley. Según dijo, siendo Barrionuevo diputado,
el órgano competente para investigarle era el Tribunal Supremo y no
un juzgado de Instrucción.
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