José María Ruiz de la Serna, apoderado de Gescartera y ex técnico de la CNMV.

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Ruiz de la Serna aclaró que conoció al dueño de Gescartera cuando la inspeccionó y detectó ciertas irregularidades en temas de control interno y aplicaciones. Hasta la intervención de Gescartera por la CNMV el mes de junio, siempre consideró al dueño de la agencia como un amigo, pero manifestó que ahora tiene la sensación de haber sido utilizado. La estrecha relación que mantenía con Camacho, permitió a Ruiz de la Serna conocer algunas de sus actividades, aunque subrayó el hecho de que presumiera de sus altos contactos en la Administración, entre los que citó en una ocasión a Montoro. Puntualizó que desconocía si ese trato era real, porque «hablaba mucho y mentía mucho». «He dado el nombre del señor Montoro como simple especulación», agregó.

Lo que sí pudo confirmar son las relaciones fluidas que mantenía el dueño de la agencia con el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna. En cuanto al funcionamiento de Gescartera, confirmó que el único que lo conocía de forma global era Camacho, que llevaba personalmente las inversiones en el extranjero. Ruiz de la Serna también aportó datos significativos sobre las actuaciones de la CNMV sobre la agencia de valores, al afirmar que fue el propio organismo de control el que insistió en elevar el rango de la sociedad a agencia de valores, incluso en contra de su opinión personal. Respecto a la ONCE, afirmó que la entrada de la Fundación en el accionariado de Gescartera se produjo a través de una donación y que servía como un socio garante que pudiera asumir posibles responsabilidades.

Por su parte, Francisco Javier Sierra de la Flor, consejero de Gescartera y amigo de Camacho, se acogió por su parte a su derecho a no declarar ante la Comisión, alegando su condición de imputado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó no conocer de nada al dueño de la agencia y confirmó que no piensa dimitir, recalcando que las investigaciones se deben realizar con la «mayor claridad». Mientras, el PSOE no dudó en afirmar que los datos obtenidos de los comparecientes «hacen creíble que el Gobierno estaba detrás» y daba cobertura a la agencia de valores.