El fiscal se opone a las peticiones de nulidad del 'caso de los fondos reservados'

Según el fiscal, casi todos esos cheques están librados al portador «con poca excepciones nominativas, y por su alto destino público y desconexión con esta causa se devolvieron al Banco de España». En relación con el resto de cuestiones previas, el fiscal rechazó que pueda considerarse este caso excepción de cosa juzgada porque, a pesar de que los hechos fueron denunciados en varios juzgados de forma casi simultánea, «se produjo una unificación ordenada de los asuntos en el juzgado de instrucción número 43, que no necesitaba ninguna tabla de salvación». Añadió que, en el caso del ex secretario de Estado Rafael Vera, los hechos por los que se le juzgó en los casos «Marey» y «Lasa-Zabala» no tienen nada que ver con el enriquecimiento con fondos reservados.

El Ministerio Fiscal rechazó asimismo que se haya vulnerado la Ley de Secretos Oficiales, puesto que no son los fondos en sí, sino las actividades a los que se destinan las que dotan del carácter reservado a esta materia. Añade por ello que el poder judicial no necesita ningún permiso del Legislativo para investigar. Defendió también la competencia del tribunal para fijar la responsabilidad civil, sin que deba intervenir el Tribunal de Cuentas. En el resto de su intervención rechazó que los retrasos en las imputaciones vulneraran el derecho a la defensa de los acusados, y dijo que, en el caso de Barrionuevo, dicho retraso se produjo en «estricto cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo».

Finalmente, contestó a las alusiones de los letrados de las defensas sobre el «juicio paralelo» que sufrieron sus representados en los medios de comunicación alegando que esta situación es fruto de una investigación periodística, ajena al proceso, sobre un tema de «alcance público», como es el destino de los fondos del Estado. Durante un receso en la vista de ayer, el ex ministro del Interior José Barrionuevo se dirigió al presidente del Tribunal, Francisco Javier Vieira, para protestar por el hecho de que el abogado Marcos García Montes, que ejerce la acción popular en nombre de Ruiz Mateos, hubiera utilizado la expresión «se lo han llevado» dirigiéndose a los acusados y en concreto por haberle atribuído el haberse enriquecido de forma ilícita.