El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se opuso ayer en la
Audiencia Provincial de Madrid a las peticiones de las defensas en
el «caso fondos reservados» de declarar la nulidad del proceso por
irregularidades en la instrucción y solicitó a la Sala que el
juicio continúe. Tras la intervención del fiscal y del resto de
acusaciones, que impugnaron también las cuestiones previas, la Sala
suspendió el juicio hasta el próximo lunes, cuando dará a conocer
públicamente su resolución sobre las mismas. A lo largo de su
intervención en la vista, Luzón fue rechazando uno a uno los
argumentos de las defensas y también se opuso a la aportación de
una nueva prueba solicitada por el letrado del ex ministro del
Interior José Luis Corcuera, consistente en unos cheques relativos
a pagos con fondos reservados que fueron devueltos al Banco de
España.
Según el fiscal, casi todos esos cheques están librados al
portador «con poca excepciones nominativas, y por su alto destino
público y desconexión con esta causa se devolvieron al Banco de
España». En relación con el resto de cuestiones previas, el fiscal
rechazó que pueda considerarse este caso excepción de cosa juzgada
porque, a pesar de que los hechos fueron denunciados en varios
juzgados de forma casi simultánea, «se produjo una unificación
ordenada de los asuntos en el juzgado de instrucción número 43, que
no necesitaba ninguna tabla de salvación». Añadió que, en el caso
del ex secretario de Estado Rafael Vera, los hechos por los que se
le juzgó en los casos «Marey» y «Lasa-Zabala» no tienen nada que
ver con el enriquecimiento con fondos reservados.
El Ministerio Fiscal rechazó asimismo que se haya vulnerado la
Ley de Secretos Oficiales, puesto que no son los fondos en sí, sino
las actividades a los que se destinan las que dotan del carácter
reservado a esta materia. Añade por ello que el poder judicial no
necesita ningún permiso del Legislativo para investigar. Defendió
también la competencia del tribunal para fijar la responsabilidad
civil, sin que deba intervenir el Tribunal de Cuentas. En el resto
de su intervención rechazó que los retrasos en las imputaciones
vulneraran el derecho a la defensa de los acusados, y dijo que, en
el caso de Barrionuevo, dicho retraso se produjo en «estricto
cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo».
Finalmente, contestó a las alusiones de los letrados de las
defensas sobre el «juicio paralelo» que sufrieron sus representados
en los medios de comunicación alegando que esta situación es fruto
de una investigación periodística, ajena al proceso, sobre un tema
de «alcance público», como es el destino de los fondos del Estado.
Durante un receso en la vista de ayer, el ex ministro del Interior
José Barrionuevo se dirigió al presidente del Tribunal, Francisco
Javier Vieira, para protestar por el hecho de que el abogado Marcos
García Montes, que ejerce la acción popular en nombre de Ruiz
Mateos, hubiera utilizado la expresión «se lo han llevado»
dirigiéndose a los acusados y en concreto por haberle atribuído el
haberse enriquecido de forma ilícita.
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