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Si el IPC acaba el presente año un punto por encima del objetivo del 2 por ciento, el Gobierno deberá pagar a los pensionistas alrededor de 160.000 millones de pesetas adicionales para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones, garantizado por ley. Si, como parece lo más probable, en noviembre el IPC se pone en el 3 por ciento, las pensiones deberán incrementarse para compensar este punto más de inflación.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, admitió que el Gobierno calcula que, en este caso, los pensionistas recibirían un pago extraordinario que constaría unos 80.000 millones a las arcas del Estado para pagar la desviación de un punto de la inflación. Consolidar esta subida costaría otros 80.000 millones desde enero de 2002.