Enrique Peralta, ecónomo del Arzobispado de Valladolid (principal
cliente de Gescartera, con una inversión superior a los mil
millones), afirmó anoche en el Congreso que en 1996 tomó la
decisión de invertir en la sociedad de Antonio Camacho
«autónomamente» y que, tres años después, resolvió junto con el
arzobispo retirar los fondos «por prudencia», al comprobar que
Gescartera estaba siendo investigada por la CNMV. Negó que la
retirada de las inversiones respondiera a sugerencias de Gescartera
ni de la CNMV. Como ecónomo, Peralta gestiona los fondos del
Arzobispado procedentes de la asignación tributaria del IRPF que se
entrega a la Conferencia Episcopal y ésta distribuye entre las
diócesis, así como las donaciones directas al Obispado.
Ante la «atractiva» propuesta de los agentes de Gescartera en
Valladolid, el ecónomo tomó la decisión de invertir autónomamente,
ya que tiene poderes en razón de su cargo, y firmó el contrato el 4
de marzo de 1996. Luego informó a la comisión del Arzobispado pero
no a la Santa Sede, ya que no es preciso por no tratarse de
enajenaciones. El primer año invirtió 500 millones de pesetas y
luego fue sumando hasta llegar, al cabo de tres años, a superar los
1.100 millones. Entregaba ordinariamente cheques al portador y
cruzados, y sólo a veces, con cantidades pequeñas, lo hacía en
efectivo. El Arzobispado retiró al inversión el 30 de marzo de
1999. El día 25 de marzo, dos inspectores de la CNMV llamaron para
hablar con el arzobispo, que les recibió al día siguiente.
El actual director de Supervisión de la CNMV, Antonio Botella,
afirmó por su parte que hasta junio del 2001, cuando el organismo
supervisor intervino la agencia de valores Gescartera, «tenía el
convencimiento» de que esta sociedad tenía el dinero que decía
gestionar. Botella, que fue a partir de julio de 1999 el encargado
de continuar con la investigación sobre Gescartera dentro de la
CNMV, justificó su convencimiento en que en noviembre de 1999 los
responsables de esta sociedad de valores «nos aportaron
documentación que no nos merecía ningún tipo de dudas» sobre el
dinero.
El responsable de Supervisión dijo sentirse «engañado» por el
apoderado de Gescartera, Antonio Camacho, por su apoderado, José
María Ruiz de la Serna, y por la sociedad Gescartera en general.
Botella relató que asumió la investigación de Gescartera en julio
de 1999, después de que la dejara el entonces director de
Supervisión, David Vives, responsable del informe que desvelaba un
descuadre en Gescartera de 4.500 millones. Además, afirmó que la
agencia de valores llevaba una «contabilidad B» o paralela, en la
que gestionaba alrededor de 10.000 millones de pesetas que no
declaraba en los informes remitidos al organismo supervisor. El
sucesor de Vives defiende la actuación de Valiente pero la
contradice y asegura que el 16 de abril se propuso la
intervención.
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