AgenciasMadrid03/10/01 0:00
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La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha solicitado al ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, que aporte al Juzgado los libros de contabilidad correspondientes al periodo de 1996 a 1999, así como documentación fiscal de «toda índole». El ecónomo, que prestó declaración como testigo ante la juez, aseguró que la inversión de 1.105 millones en Gescartera se realizó a un interés garantizado del 10%. El ecónomo se refirió a esta inversión como de «renta fija», a lo que el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, replicó que la documentación que obra en la causa muestra que se trataba de renta variable.

Al igual que explicó la noche del lunes ante la comisión de investigación del Congreso, aseguró que retiró la inversión al comprobar que Gescartera estaba siendo investigada por la CNMV y por recomendación del arzobispo. Sin embargo, la devolución del importe total fue efectuada por Camacho personalmente y mediante un talón, a pesar de que en un principio afirmó que las únicas dos personas que conocía de Gescartera eran Valenzuela y García Tejerina.

Ante la Comisión de investigación Parlamentaria declararon dos de los clientes de Gescartera. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Francisco Torrente, aseguró que la Seguridad Social de la Armada retiró el dinero invertido en la agencia de valores por la falta de rentabilidad y no por haber recibido información privilegiada. Así, explicó que actuaron a tenor de los retrasos habidos en los pagos de los intereses de las inversiones realizadas, por lo que «parece que era de sentido común desconfiar de esta sociedad, lo que justifica sobradamente la decisión tomada en enero de 2001 de no continuar invirtiendo en ella». Torrente reconoció que el consejo directivo de la Armada no estuvo adecuadamente informado cuando se empezaron a retrasar los reembolsos, porque las noticias que se les enviaban no eran correctas o eran insuficientes.

El presidente de Cetarsa y ex diputado del PP, Isidoro Hernández-Sito, aseguró por su parte que las operaciones en Gescartera se hicieron bajo una decisión comercial y sin que mediaran influencias. Mientras, el ex supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, David Vives, que en abril de 1999 abogó por intervenir Gescartera, acudió ayer personalmente al Congreso para entregar la documentación complementaria relativa a su trabajo de inspección. Pero él considera que esta información es insuficiente y ha pedido a la presidenta del Congreso que se dirija a la CNMV para que le permita buscar los documentos que permanecen en su sede.