La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al ministerio de
Justicia que inste de las autoridades francesas la entrega temporal
del presunto dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz,
«Kantauri», para juzgarle por el intento de atentado contra el Rey
en Mallorca en 1995. La petición, que se justifica diciendo que
«para preservar la prueba» es necesario «no dilatar en exceso la
celebración del juicio», se realiza al amparo del artículo 19.2 del
Convenio Europeo de Extradición y en virtud del acuerdo alcanzado
este mismo mes por los gobiernos de Madrid y París. En su escrito
el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño,
propone a éste que «solicite de las autoridades francesas la
entrega temporal de Arizkuren, para que pueda ser traído a España
durante un plazo de cuatro meses».
El Ministerio Público estima que éste es el tiempo «necesario y
suficiente para que al citado se le pueda recibir declaración
indagatoria, previa reapertura de la causa, y se le pueda acusar en
juicio». «Una vez celebrada la vista, y sin necesidad de esperar a
que se dicte sentencia, Arizkuren sería devuelto a las autoridades
francesas», dice el escrito, que añade que «debería comunicarse a
las autoridades francesas las habituales seguridades de que
Arizkuren sería devuelto a Francia en el plazo previsto o antes».
Durante una vista celebrada en el Tribunal Correccional de París el
30 de mayo del año pasado, «Kantauri», detenido en marzo de 1999,
admitió su responsabilidad en el atentado frustrado contra el Rey y
aseguró textualmente que el comando encargado de cometerlo «estaba
directamente en contacto conmigo».
El 21 de julio de 1997, la Audiencia Nacional condenó a Juan
José Rego Vidal; su hijo Ignacio Rego Sebastián y Jorge García
Sertutxa a 109 años de prisión por el intento de asesinato, entre
finales de julio y principios de agosto de 1995, de don Juan
Carlos, quien "según la sentencia" estuvo en tres ocasiones en el
punto de mira de los etarras, que no dispararon porque no tenían
preparada la huida. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha
solicitado esta semana, en cuatro peticiones fechadas entre los
pasados días 19 y 22, la entrega temporal de Juan Carlos Iglesias
Chouzas, «Gadafi», detenido en febrero de 2000, para juzgarle por
cuatro de las causas pendientes que tiene en España, entre ellas el
asesinato del niño de dos años Fabio Moreno, en Erandio (Vizcaya)
en 1991.
Las otras causas se refieren a la colocación de un artefacto
explosivo en el vehículo de un funcionario de policía en Bilbao el
18 de abril de 1989, la explosión de un camión-bomba junto a una
refinería de Petronor en Somorrostro (Vizcaya) el 2 de marzo de
1991 y los atentados con explosivos contra tres concesionarios de
automóviles en esta provincia el 1 de noviembre de 1998. Según el
acuerdo firmado por los Gobiernos español y francés, los requisitos
para que un terrorista sea entregado temporalmente son que las
autoridades judiciales galas hayan concedido su extradición y que
ésta sea firme "no recurrible ante ninguna instancia" y que las
condenas que deban cumplir en Francia sean largas.
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