El fiscal Enrique Molina solicitó ayer al juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón el ingreso en prisión incondicional por
pertenencia a banda armada de once de los doce miembros de Gestoras
Pro Amnistía detenidos el pasado miércoles en el País Vasco y
Navarra, y que pasaron ayer a disposición judicial. Según
informaron fuentes jurídicas, Molina ha pedido también a Garzón la
puesta en libertad de Alejandro Velasco, detenido junto al
responsable de Gestoras en Navarra Jesús María Beaumont.
El fiscal, quien fundamenta su acusación en el supuesto
sometimiento de Gestoras a las directrices de ETA en asuntos como,
entre otros, el control de los presos de la banda, pidió la prisión
de los once miembro de Gestoras ante el riesgo de fuga por la
gravedad de la pena a la que se enfrentan -que podría ascender a
doce años de cárcely ante la posibilidad de que destruyan
pruebas.
El otro detenido, Gaizka Larrinaga, hermano de Julen Larrinaga,
quedó en libertad sin necesidad de ser puesto a disposición
judicial. Los registros realizados el pasado miércoles en la
«operación Udazken» (otoño)en los que se intervino abundante
documentación, unida a la información obtenida en los pinchazos
telefónicos, realizados en la causa, permiten acreditar que las
actuaciones de Gestoras son coordinadas por ETA.
Mientras, el portavoz de la asociación Senideak-Gurea, Jon
Barrena, manifestó que con la detención «se cerró un círculo
vicioso que parte de la negación de unos derechos colectivos y
termina con el encarcelamiento» de personas que luchan por los
derechos de los presos. Barrena, quien actuó como portavoz de
Senideak-Gureak en sustitución de Juan Antonio Madariaga, que está
entre los detenidos, denunció que «han presentado a los detenidos
como peligrosos terroristas, cuando de todos ellos sólo hemos
recibido ayuda cuando la hemos necesitamos, solidaridad en los
momentos de desamparo y una sonrisa amistosa ante la
beligerancia».
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