Simpatizantes de Gestoras Pro Amnistía se concentraron frente a la Audiencia Nacional.

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El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, aseguró ayer que el Ejecutivo tomará medidas para hacer frente a «cualquier actuación» bajo los parámetros de la resolución de la ONU contra el terrorismo. En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Cabanillas respondió así al ser preguntado por cómo afectará la resolución de la ONU a subvenciones como las que el Gobierno vasco concede a asociaciones que ayudan a los presos de ETA, como Senideak. «En la medida en que cualquier actuación entre bajo uno de esos parámetros, no quepa ninguna duda de que así se actuará con respecto a esa actuación», dijo Cabanillas. En la última operación policial contra el entorno de ETA, fueron detenidas trece personas relacionadas con Gestoras pro Amnistía y Senideak, en un operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que les acusa de pertenencia a banda armada.

En la conferencia de prensa, Cabanillas aprovechó también para expresar la «preocupación» del Gobierno por ese tipo de subvenciones del Gobierno vasco a organizaciones de apoyo a los presos de ETA, como Senideak, que en los últimos tres años ha recibido 22'7 millones del Gobierno vasco. El ministro portavoz se preguntó si el Gobierno vasco entiende «que los Derechos Humanos admiten graduaciones», dado que esas subvenciones están «fundamentadas en los Derechos Humanos». Cabanillas acusó al Ejecutivo vasco de discriminar a las víctimas al subvencionar a los grupos de ayuda a presos de ETA.

Respecto a la resolución de la ONU, Cabanillas afirmó que se trata de un «auténtico guión» en la lucha contra el terrorismo, no sólo para España, sino para todos los miembros de la comunidad internacional. Cabanillas destacó también que, si se analizan los epígrafes de esa resolución, «prácticamente todos son ya objeto de iniciativas, ya sea a nivel interno o de la Unión Europea». En términos generales, la resolución de la ONU de la que ayer tomó conocimiento el Gobierno español insta a la comunidad internacional a prevenir y reprimir la financiación de actos de terrorismo, mediante la tipificación como delito de la previsión o recaudación intencionadas de fondos con fines relacionados con el terrorismo. Establece, igualmente, la privación del status de organizaciones caritativas o de beneficios fiscales a entidades que tengan alguna relación con terroristas.

El impulso a la Resolución 1373, que es un paso previo y necesario para que se pueda publicar en el BOE, complementa la 1368 aprobada por el Consejo de Seguridad al día siguiente de los ataques terroristas contra EE UU. Reafirma tanto la quiebra de la paz y la seguridad internacionales, como «el derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva», y centra su contenido en la necesidad de adoptar una serie de medidas de prevención de actos terroristas y de lucha contra las entidades u organismos terroristas. La Resolución busca cercenar las vías de financiación de los terroristas para limitar la capacidad de las organizaciones terroristas de actuar en la esfera internacional, así como controlar sus movimientos transfronterizos, los apoyos logísticos, los refugios y la provisión de armas y material.