OTR PressMadrid13/11/01 0:00
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El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando Santiago, se saltó ayer el protocolo en el acto de toma de posesión de su cargo para pedir al Gobierno vasco que garantice la seguridad de los jueces y magistrados que desempeñan su labor en el País Vasco, debido al asesinato en Bilbao de José María Lidón, que ha reabierto el debate sobre la protección de estos profesionales en Euskadi. Hernando «exigió» a las autoridades vascas «que se instauren o se intensifiquen los medios necesarios a fin de poder garantizar, eficazmente, la seguridad personal de los jueces y magistrados allí destinados», puesto que sólo así se contribuirá a que su trabajo se desarrolle «en las condiciones que son imprescindibles para su desarrollo». Esta petición, dijo, ya la trasladó en su visita al País Vasco la pasada semana.

El nuevo presidente del Supremo comenzó su discurso justificando esta ruptura del protocolo habitual de estos actos (en los que no se toma la palabra), para rendir homenaje al magistrado José María Lidón, asesinado por ETA. «El terrorismo etarra ha dado un salto cualitativo y significante desde dos perspectivas diferentes», dijo. En primer lugar, «es la primera vez que ETA asesina a un juez en el País Vasco», por otra parte, «es el primer asesinato que comete después del 11 de septiembre y después de que toda la comunidad internacional haya rechazado, repudiado y reprobado toda clase de terrorismo». Según dijo, con ambos hechos ETA ha retado «de manera provocadora y rutilante» a los tres poderes del Estado.

Hernando aseguró que está junto a los jueces que desempeñan su labor en Euskadi «en la soledad, en la inquietud y en la turbación en las que se encuentran para desempeñar las tareas jurisdiccionales que les han sido encomendadas, y que ejercen de manera abnegada y silente». En el acto de toma de posesión estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Àngel Acebes; el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente en funciones del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga; la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal; el presidente del Consejo de Estado, Iñigo Cavero; y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.