El general retirado y ex director general de la Guardia Civil, que
declaró como testigo de la defensa de Rafael Vera, precisó que él
dispuso de los mencionados fondos reservados en 1980, cuando
ostentó la Delegación Especial de Seguridad para las tres
provincias vascas. Así, explicó que con este dinero se pagaron
actos electorales de UCD en el País Vasco y se pagó el rescate de
Rupérez a instancias de Adolfo Suárez. Fue el presidente quien
nombró a Sáenz de Santamaría en dicho puesto en 1980 a raíz del
atentado de ETA a un convoy que trasladaba armamento en Bilbao. Su
misión era «pacificar las provincias vascas» con vistas a las
primeras autonómicas. Con este fin, se le dieron poderes sobre la
Guardia Civil, Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía (por
entonces estaba desgajado del anterior), y el vicepresidente
Fernando Abril Martorell le comunicó personalmente que podría usar
los fondos reservados asignados a su misión a su «leal saber y
entender».
Según dijo, la mayoría del dinero se empleó para el pago a
confidentes y la compra de carros blindados e inmuebles en el País
Vasco para dependencias de la Guardia Civil, ya que nadie quería
vender un local abiertamente al Cuerpo por temor a represalias. No
obstante, también se empleó parte en pagar actos electorales, como
banquetes, que UCD celebró en Euskadi. En relación con el uso de
fondos reservados durante la etapa en el Gobierno socialista, negó
lo afirmado por el ex director general de Seguridad Julián
Sancristóbal y afirmó que nunca obtuvo sobresueldos ni
gratificación alguna y que jamás oyó que otros altos cargos o
funcionarios de Interior los cobraran.
En la sesión del juicio celebrado también compareció el ex
subdirector general de la Policía Pedro García Juarranz, quien negó
haber cobrado sobresueldos y testificó que él pago con fondos
reservados a fiscales de la Audiencia Nacional por las clases que
impartían a miembros de la Policía. Así, precisó que se pagaban
60.000 pesetas por clase a los fiscales Eduardo Fungairiño, Jesús
Santos, Pedro Rubira e Iganacio Gordillo, aunque él entregaba el
total de 240.000 pesetas a Gordillo para que él lo distribuyera.
Añadió que el dinero se lo daba a él Juan de Justo, por orden del
ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
En cuanto a los dos pisos que éste posee en Miami, explicó que
el dinero para pagar estas propiedades no proceden de los fondos
reservados, y que tuvo que suscribir dos hipotecas que aún sigue
pagando para poder adquirirlos. Igualmente compareció ayer ante el
tribunal el hermano del ex secretario de Estado para la Seguridad,
Juan Luis Vera, quien negó que su hermano haya tenido nada que ver
con la compra de una finca en Albacete cuya propiedad le atribuye
el fiscal. En este sentido, explicó que la compró él porque así se
lo recomendó su asesor fiscal, y posteriormente se la vendió al
cuñado y al suegro de Vera por unos 25 millones.
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