Esta circunstancia permitió a Gescartera apuntar pérdidas en estas
supuestas inversiones para contrarrestar las plusvalías ficticias
que anotaba a los clientes reales. Los dos imputados que
declararon, padre e hija, Ignacio y Elena Sánchez, explicaron que
buscaron a estas personas a petición de Julio Rodríguez Gil, asesor
fiscal que trabajó para Antonio Camacho y que actualmente se
encuentra en prisión preventiva por su implicación en esta causa.
Según su declaración, Rodríguez Gil, alegando que era empleado de
Hacienda y que no quería figurar, les pidió que buscaran varias
personas que aceptaran firmar unos contratos de inversión en blanco
y que entregaran una fotocopia de su carné de identidad.
Esta operación les permitiría ganar a cada uno de los firmantes
250.000 pesetas si las inversiones iban bien y no perder cuantía
alguna si resultaban fallidas. Ignacio Sánchez, que ya tuvo que
declarar sobre estos hechos ante la policía y que no firmó ninguno
de estos contratos, reconoció que consiguió captar con esta
operativa unas diez personas, todas ellas de su entorno, e,
incluso, aseguró que había más voluntarios dispuestos a dar sus
datos. Elena Sánchez declaró a la juez que aceptó la propuesta que
le hizo su padre de buscar candidatos, porque estaba sin sidenro y
no tenía nada que perder, ya que no disponía de bienes.
Por éste motivo propuso a compañeros suyos del bar de copas
«Mikonos», que participaran en la operación. También planteó el
negocio a varios amigos suyos, como su compañera de piso. Elena
Sánchez, según fuentes consultadas, reconoció ante la juez que
tenía entendido que el fin de la operación era que Rodríguez Gil
blanqueara dinero, algo que su padre no llegó a admitir.
También compareció ayer ante la juez, esta vez como testigo, el
ex director de la gestora de fondos de Gescartera y anteriormente
encargado de la inversión de derivados de la entidad, Marcos
Quevedo, quien aseguró desconocer la operativa de plusvalías y
minusvalías supuestamente ilegal que se utilizaba en la agencia.
Quevedo también negó, por tanto, haber aplicado plusvalías
ficticias a varios de sus familiares, aunque reconoció que su
mujer, su hermana, su cuñada y su cuñado fueron clientes de
Gescartera mientras él fue empleado de la entidad.
El apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, afirmó
en su última declaración en la Audiencia Nacional que Quevedo
apuntó a sus familiares sin ser clientes de la agencia plusvalías
obtenidas en la cuenta del sacerdote Teodoro Bonilla por importe de
589.000 euros. Fuentes jurídicas explicaron que Quevedo aseguró a
la juez que desconoce qué cuantía de beneficios obtuvieron sus
familiares en sus operaciones y si se elevan a esos 589.000 euros.
El testigo hizo estas declaraciones pese a que uno de los letrados
le presentó unos documentos entregados por el HSBC en los que
consta que realizó operaciones de compra-venta de derivados para
unos 40 ó 50 clientes, entre ellos varios miembros de su
familia.
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