La Audiencia Nacional ha decidido rechazar la petición de
excarcelación de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna,
solicitada por su defensa, porque considera que existen indicios de
que intervino de manera directa en la supuesta estafa y que no fue
«ingenuamente instrumentalizada como pretende presentarse». Los
jueces consideran que su puesta en libertad podría perjudicar a la
obtención de pruebas para aclarar la desaparición de 93'6 millones
de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal asegura que la puesta
en libertad de la imputada, en prisión desde el pasado 19 de
septiembre, podría evitar la aclaración de los hechos, que de
confirmarse la tesis de la juez, suponen que el dinero desviado
sirvió para financiar una salida personal de la imputada. No
obstante, en el auto se reconoce que el riesgo de que se fugue de
España es bajo, debido al «arraigo social y familiar», pero los
magistrados consideran que la puesta en libertad podría evitar la
aclaración de los hechos porque perjudicaría la obtención de nuevas
pruebas en el proceso.
El tribunal asegura que «a estas alturas de la investigación» es
preferible evitar el perjuicio en el procedimiento en lo que se
refiere a la obtención de pruebas para aclarar los hechos. «Por
ello, procede por el momento la continuación de la medida
provisional». De otra parte, el fiscal ha pedido a la juez
encargada del caso que insista en pedir al Arzobispado de
Valladolid más datos de su contabilidad, porque existe una
diferencia de casi 100 millones de pesetas entre las cifras que ya
ha entregado y las declaradas por su ecónomo, Enrique Peralta.
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