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El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió ayer asumir la instrucción de todo el entramado financiero secreto que tuvo en el exterior el BBV, con el que la antigua cúpula directiva pudo incurrir en seis delitos distintos. Según consta en el auto de Garzón, las cuentas opacas y los fondos secretos que la antigua cúpula del BBV abrió en el exterior podría ser constitutivo de sendos delitos de apropiación indebida, además de los delitos societarios de falsedad documental y administración desleal. A estos se unen los que ya estaba investigando el magistrado en el caso BBV Privanza, como son un posible delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, estos dos últimos incorporados a la instrucción el pasado 5 de marzo.

La decisión del juez de abrir una vía penal para este asunto supone la inmediata paralización del expediente administrativo sancionador que abrió el Banco de España el pasado 15 de marzo a la entidad y a 16 de sus antiguos altos cargos. En el auto, Garzón constata que el banco, fusionado en 1999 con Argentaria, utilizó paraísos fiscales para «mantener importantes sumas de dinero fuera del balance, así como para la consolidación de fondos de pensiones». Además, estima que el banco, a través de la sociedad Canal Trust Company, radicada en Jersey, «habría utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios no lícitos en Venezuela para la campaña electoral de determinado responsable político» que, según reconoce la propia entidad, es Hugo Chávez.

El magistrado, que desde mediados del año 2000 investigaba al BBV Privanza, ha decidido incorporar a la causa todo el entramado financiero que el propio banco regularizó a finales del año 2000 a iniciativa del actual presidente, Francisco González, y del que fue informado el Banco de España a principios de 2001. Al regularizar estos fondos ocultos, el banco incorporó oficialmente a sus cuentas del año 2000 los 225 millones de euros tenía ocultos en el exterior. En el auto, el juez pide además que se amplíe la investigación a las personas vinculadas al «BBV, a Canal Trust Company, BBV Privanza, BBV Privanza Bank y Banco Provincial de Venezuela», lo que podría incluir a los 16 expedientados por el Banco de España, entre ellos el presidente Emilio Ybarra y el consejero delegado Pedro Luis Uriarte, y deja fuera a la actual cúpula del BBVA.

Mientras Garzón se hacía cargo de la investigación, el entramado financiero del BBVA provocaba hoy la reacción de dos asociaciones de usuarios, que anunciaban la interposición de distintas iniciativas judiciales. La asociación de usuarios de banca Adicae anunció que se querellará contra el antiguo Consejo de Administración del BBV, ya que a su juicio ha existido daño patrimonial para los 1'2 millones de accionistas del banco, a razón de 300 euros cada uno de media Ausbanc, por su parte, dijo que presentará una querella contra el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y otra contra el ex vicepresidente y consejero delegado de la entidad Pedro Uriarte, por apropiación indebida y administración desleal.