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El secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, acusó ayer al Gobierno del PP de haber usado como coartada las distintas reformas tributarias que ha llevado a cabo desde 1996 para crear en España una estructura fiscal «atípica», con un modelo más injusto y regresivo, y que ha convertido al país en un paraíso fiscal para los más ricos. Sevilla hizo estas afirmaciones durante la presentación, en rueda de prensa, de un informe sobre las seis discriminaciones que, a su juicio, ha generado la política fiscal del PP desde que asume responsabilidades de Gobierno y sobre las promesas incumplidas del Ejecutivo en esta materia.

Una de las conclusiones del documento es que el fraude anual que permite la estructura fiscal en España asciende a más de 28.600 millones de euros. Para el dirigente socialista, la principal de esas discriminaciones que atentan contra la equidad «horizontal y vertical» de todos los ciudadanos y, por tanto, con un deseable principio de igualdad, es la que existe entre las rentas del trabajo y las del capital, agudizada «de manera preocupante en los años de Gobierno del PP» con una estructura impositiva «muy peculiar».

Explicó que, así, ha crecido la discriminacion entre los que pagan sus impuestos y aquellos «que pueden y hacen, con gran impunidad, fraude fiscal». «El Gobierno, durante estos años, ha abandonado la lucha contra el fraude fiscal. Así, subrayó que un ciudadano, con el mismo nivel de ingresos, puede tributar de cuatro maneras diferentes según el origen de su dinero: al 48%, si es de rentas del trabajo; al 18%, si es de plusvalías; hasta el 35, si es de trabajo no asalariado; y al 12%, si es de rentas irregulares.

A estas cuatro discriminaciones, dijo, se une la que se practica con aquellos que no tienen ingresos suficientes para declarar por IRPF, los «grandes olvidados y marginados» de la política del PP, ya que no se benefician de las deducciones y bonificaciones que el Gobierno articula.