El etarra Juan Víctor Galarza Mendiola, prófugo de la justicia
española, fue detenido ayer en Venezuela, país al que el gobierno
de España reclama la extradición de seis supuestos terroristas
desde 1996. Fuentes diplomáticas españolas confirmaron que Galarza
fue detenido en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua y a
109 kilómetros al oeste de Caracas, en circunstancias no aclaradas,
por agentes de la policía política DISIP. El detenido es buscado
por la justicia española por pertenecer presuntamente a la banda
terrorista ETA y está involucrado en dos causas abiertas en su país
por asesinato, agregaron las fuentes.
Galarza fue condenado por la Audiencia Nacional en 1987 a seis
años de cárcel y al pago de una multa por un presunto delito de
colaboración con banda armada por su pertenencia a la
infraestructura del «Comando Bizkaia» de ETA. España reclama a
Venezuela desde 1996 la extradición de seis personas acusadas por
la justicia de actos terroristas y asesinatos. Las extradiciones
están paralizadas desde hace años en distintas instituciones
venezolanas, pese a la insistencia del gobierno español en activar
los casos para que la justicia decida.
De otra parte, el juez Baltasar Garzón puso ayer en libertad
bajo fianza de 30.000 euros al director de auditoría interna de la
Caja Laboral Popular, Ignacio María Magallaray, al que acusa de
colaboración con ETA, desobediencia grave a mandamientos judiciales
y malversación impropia de fondos a su cargo. Garzón adoptó esta
decisión a pesar de que, tras la comparecencia de Magallaray, el
fiscal Enrique Molina había solicitado su ingreso en prisión
incondicional por los mismos delitos por los que el juez acordó
finalmente su puesta en libertad bajo fianza.
Durante el interrogatorio, según las fuentes, Mallagaray, de 53
años, no supo contestar a las preguntas del fiscal referidas a
porqué había alertado a determinados clientes suyos de las ordenes
de bloqueo de sus cuentas en la Caja Laboral decretadas por Garzón,
tal y como se desprende de las intervenciones telefónicas a las que
fue sometido. Según las investigaciones, Mallagaray supuestamente
avisó a responsables de «herriko tabernas» "sedes sociales de
Batasuna" de la intervención judicial de las cuentas relacionadas
con estos establecimientos.
De otra parte, las autoridades francesas han concedido la
entrega temporal de la presunta integrante del «comando Donosti» de
ETA, Irantzu Gallastegi, para ser juzgada en España. La Fiscalía
solicitó la entrega de Irantzu Gallastegi, por cuatro causas, entre
ellas por el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica en
1999.
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