El Consejo Europeo de Sevilla confirmó ayer la fecha de 2004 para
la incorporación a la UE de los países candidatos más avanzados y
fijó plazos concretos para una política común contra la inmigración
ilegal que incluye la posible aplicación de «medidas» a las
naciones de origen que no colaboren. El acuerdo adoptado establece
un calendario para que la Unión se dote de una política común de
asilo e inmigración y vincula sus relaciones exteriores con la
colaboración frente a la inmigración ilegal.
Al respecto, las conclusiones de la cumbre prevén que una
«colaboración insuficiente» por parte de una nación podría
«dificultar la intensificación» de sus relaciones con la UE y
disponen la posibilidad de adoptar «medidas» en caso de que se
constate «por unanimidad una falta injustificada de colaboración
por parte de un tercer país en la gestión común de flujos
migratorios».
Los Quince «evaluarán» asimismo el grado de cooperación de estos
terceros países, de modo que «una evaluación negativa afectaría al
futuro de las relaciones de la UE» con esas naciones. El pacto
alcanzado rebaja las medidas de presión contra los países pobres de
origen o tránsito de ilegales, pues ya no considera la posibilidad
de suspender acuerdos de cooperación, como pretendían en un
principio España, Italia y Reino Unido, debido a la firme oposición
de Francia y Suecia a la posibilidad de sanciones.
Según precisó el presidente del Consejo Europeo y del Gobierno
español, José María Aznar, «es necesario cooperar técnica y
financieramente tanto en la gestión conjunta de flujos migratorios,
como en un control de las fronteras o en la readmisión de
inmigrantes ilegales por esos países». Aznar, que ve cumplidos los
objetivos de la Presidencia espñaola, no descartó una posible
modificación de la Ley de Extranjería a tenor de los acuerdos sobre
inmigración de la UE.
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