La reunión a más alto nivel llevada a cabo en el ámbito laboral
tras la huelga del 20 de junio se ha producido en un tono «áspero,
aunque sincero». Los secretarios generales de Comisiones Obreras y
la Unión General de Trabajadores, José María Fidalgo y Cándido
Méndez, consideran la reforma del desempleo como un «capítulo
abierto» que a ambas partes les conviene cerrar. El ministro de
Economía, Rodrigo Rato, se ha comprometido tras la reunión a tomar
en cuenta las consideraciones de las centrales, ahora bien, dejó
claro que la reforma colectiva es «necesaria» y que el Gobierno «no
renuncia» a ella.
Fidalgo y Méndez auguraron ayer unos meses complicados para el
Ejecutivo. Teniendo en cuenta que el decreto de la reforma del
desempleo es aún un capítulo «abierto» para ellos, advirtieron al
Gobierno que si opta por imponer una reforma en la negociación
colectiva se producirá de nuevo un «grave conflicto social». En la
entrevista de dos horas con el vicepresidente segundo y ministro de
Economía, Rodrigo Rato, y con el titular de Trabajo, Eduardo
Zaplana, los sindicatos mostraron su intención de recomponer el
diálogo social, roto desde mayo y que desembocó en la huelga
general del 20-J, aunque reiteraron que la condición imprescindible
para ello es la reconsideración total y radical del
'decretazo'.
Fidalgo aprovechó su comparecencia para advertir al Ejecutivo de
lo «pernicioso e inconveniente» que resultaría reavivar el
conflicto social reformando la negociación colectiva sin el acuerdo
explícito de los agentes sociales. Aunque no confirmaron si se
plantearían convocar otra huelga general en el caso de que el
Gobierno reformara unilateralmente los convenios, sí aseguraron que
se «reproduciría un gravísimo conflicto social». En su opinión, no
hay razones que justifiquen la reforma de la negociación colectiva,
porque funciona «razonablemente bien», y los salarios no son los
que impactan negativamente a la inflación, sino las «decisiones de
política económica».
Pero el Gobierno asegura que la reforma de la negociación
colectiva es «necesaria», por lo que no descarta su inclusión en la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para
2003. No obstante, el titular de Economía señaló que antes de tomar
una decisión al respecto, el Ejecutivo escuchará a lo largo de las
próximas semanas las opiniones de los agentes sociales, sobre las
que percibe una clara «división». «Parece razonable escuchar una
vez más a los interlocutores sociales antes de tomar decisiones,
aunque no tengan opiniones coincidentes. El Gobierno toma nota de
sus razones y se tendrá en cuenta», aseveró el vicepresidente
segundo. Añadió que conoce las dificultades que entraña la reforma
del sistema de relaciones laborales, pero insistió en que es un
tema «pendiente y necesario». «Su no reforma puede subsanarse dando
otros pasos», advirtió.
Pese a este cruce de advertencias, el vicepresidente segundo
calificó la reunión de positiva. Rato explicó que «la negociación
colectiva es una reforma pendiente» y que en esta legislatura «ha
sido objeto de sucesivas negociaciones» con los interlocutores
sociales, que tienen opiniones «muy divergentes» sobre cómo
modificar y modernizar el sistema de los convenios que, recordó,
data de la década de los ochenta. «El Gobierno ni renuncia ni se
compromete a renunciar» a modificar el sistema de relaciones
laborales, por lo que va a escuchar las opiniones de los
empresarios y los sindicatos para «tomar nota y tenerlas en cuenta
cuando tome una decisión», ya que el Ejecutivo «es consciente de
las dificultades de esa reforma», dijo.
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