Momento en que los diputados del PNV votan en contra de la propuesta de ilegalización de Batasuna.

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OTR PRESS-MADRID El Partido Nacionalista Vasco fue la única formación que durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados celebrada ayer votó en contra de la conveniencia de iniciar un procedimiento de ilegalización contra Batasuna que arrancará con un pleno en la Cámara Baja el próximo día 26 de agosto, tal y como decidió el Parlamento con los votos a favor de PP, PSOE y Coalición Canaria y las abstenciones de CiU, IU y el Grupo Mixto. La reunión de la Diputación Permanente del Congreso fue escenario de agrio cruce de acusaciones entre los impulsores de la iniciativa y el PNV. Los nacionalistas vascos acusaron a los promotores de la iniciativa de tratar de sacar rendimiento electoral de la ilegalización de cara a las elecciones municipales de 2003 con una infernal política nada antiterrorista.

José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, recordó que la Ley de Partidos puso «un límite que era la última oportunidad» para que Batasuna corrigiera su forma de actuar, pero la formación abertzale «ha venido manteniendo su desafío al Estado de Derecho» sin mostrar «ni un ápice de rectificación ni de modificación de conductas». Como ejemplos citó las «tristes agresiones» sufridas por la alcaldesa de Lasarte, Ana Urcheguía, o las reacciones de Batasuna tras el atentado de Santa Pola. «Y no fue un silencio, sino una negativa», precisó, recordando que las palabras posteriores de Arnaldo Otegi imputando los asesinatos a las instituciones «agravaron las sospechas». A su juicio, ese tipo de conductas «son más que suficientes» para demostrar la «connivencia» entre Batasuna y ETA.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que Batasuna no sólo no condena los atentados, sino que «los justifica». Según explicó, todo el mundo hubiera deseado que Batasuna se desligara de ETA, pero a su juicio ya no hay «esperanza alguna» de que eso de produzca, por lo que es preciso actuar. «Es nuestro deber no consentir esta situación», proclamó. Desde el PNV, Joxe Joan González de Txabarri reiteró su rechazo a la Ley de Partido y recordó que PP y PSOE «perdieron estrepitosamente las últimas elecciones vascas y ahora vuelven por sus principios tratando de sacar rendimientos electorales de su iniciativa» con vistas a las municipales de 2003. «Vuelven a poner en marcha una infernal política electoral, no antiterrorista», acusó.

Tras resaltar que todos los partidos democráticos defienden el derecho a la vida y están en contra de la violencia, resaltó que las formas de este proceso están «viciadas desde su inicio», pues el Gobierno podría haber promovido la ilegalización por si solo, sin el Parlamento. «Están forzando al máximo las instituciones», advirtió. Según explicó, al PNV le parece «miserable» que Batasuna no condene la violencia, pero no acepta que se convierta en cómplices de terrorismo a sus electores, el 15 por ciento de la población vasca, según dijo. Además, advirtió de que la ilegalización introduce nuevos elementos de conflictividad en Euskadi.

A su juicio, PP y PSOE representan la «escuela de Bush» y están «obligados» a determinar ya el diseño para el día siguiente de la ilegalización «¿Van a suspender las elecciones municipales?», preguntó. El portavoz del PP le respondió que «lo que da alas a los violentos es la pasividad». «¿A quién quieren proteger? "inquirió". La unidad en la pasividad es la unidad en la resignación y la claudicación, y ahí no nos van a encontrar». El pleno debatirá la propuesta de instar al Gobierno a presentar una demanda para poner fuera de la ley a Batasuna y a sus dos últimas marcas electorales: Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. La iniciativa se tramitará como una proposición no de ley y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiedas.