El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, acusó ayer a
Batasuna de escenificar un 'show' durante el cierre de la sedes en
la jornada de ayer con el fin de «deslegitimar» a la Ertzaintza.
Además, aseguró que populares y socialistas han dado un golpe a la
«línea de flotación de posibles acuerdos», aunque agregó que el
Ejecutivo autónomo no «cerrará la puerta al diálogo». Imaz aseguró
que la Ertzaintza cumplió con «profesionalidad» un mandato judicial
porque, según dijo, este tipo de decisiones «deben cumplirse cuando
nos gustan más y cuando nos gustan menos».
Sin embargo, criticó el «esfuerzo de Batasuna en la agresividad
que están empleando» y aseguró que las críticas que se vertieron
contra el Ejecutivo vasco son «inaceptables». Asimismo, preguntó a
la formación abertzale por qué razón en la clausura de sedes de
Navarra no opuso ninguna resistencia y a la Ertzaintza le «ofreció
agresividad». «A la Policía Nacional y a la Guardia Civil en
Pamplona, Batasuna le puso alfombra roja, ni el más mínimo de
resistencia y aquí ofreció a la Ertzaintza una agresividad que
estaba buscando provocar imágenes en la sociedad vasca que tratasen
de atacar y deslegitimar a la función como policía integral que
tiene», indicó.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, opinó por su parte que, tras
las últimas actuaciones judiciales contra Batasuna, «desde una
posición nacionalista y en perspectiva histórica, el proceso de
emancipación nacional se está acelerando por mucho que lo quiera
impedir el PP». Explicó que la Ley de Partidos ha ocasionado una
«colisión de voluntades» entre el Congreso y el Parlamento Vasco,
en la que «se ha despreciado olímpica y categóricamente lo que han
dicho las instituciones vascas y la mayoría social» de Euskadi. En
la misma línea, el consejero de vasco de Justicia, Joseba
Azkárraga, afirmó que 26 "día en que el Congreso instó al Gobierno
a presentar una demanda de ilegalización para Batasuna" se ha
convertido ya «en una fecha negra para la democracia», debido a la
«doble ofensiva política y judicial» puesta en marcha.
Azkárraga cuestionó la independencia del juez Garzón y se mostró
convencido de que «antes o después alguien más, además de los
terroristas, tendrá que responder de este peligroso atropello e
intento de involución». En respuesta a las tesis de Azkárraga, el
coordinador de Organización del PP, Pío García Escudero, defendió
las iniciativas de los partidos democráticos y del juez Garzón y
afirmó que las palabras del consejero de Justicia le inhabilitan
para ejercer el cargo y debería ser cesado por el lehendakari
«inmediatamente».
El Gobierno que preside Aznar felicitó por su parte a la
Ertzaintza por la forma en que cumplió el auto del juez Garzón, y
consideró una «excelente noticia» que la cúpula fiscal respalde la
decisión del fiscal general, Jesús Cardenal, de presentar una
demanda para ilegalizar a la coalición radical abertzale. Un día
después de que la Ertzaintza clausurara las principales sedes de
Batasuna, el ministro de Justicia, José María Michavila, destacó el
trabajo «tan bien hecho» de la Policía vasca y afirmó que los
agentes «han hecho lo que era de esperar de cualquier fuerza y
cuerpo de seguridad».
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