PP y PSOE tienen previsto tener ultimadas a finales de este mes las
reformas legislativas necesarias para la puesta en marcha los
acuerdos destinados a incrementar la seguridad de los concejales
amenazados por ETA en País Vasco y Navarra, alcanzados antes del
verano en la comisión técnica del Acuerdo por las Libertades y
contra el Terrorismo.
Para la aplicación de estas iniciativas es imprescindible
reformar seis leyes: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General,
el Código Penal, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y la ley de Financiación de Partidos.
La intención de PP y PSOE es que se puedan aplicar antes de las
elecciones municipales de la próxima primavera. Entre las medidas
pactadas entre el Gobierno y los socialistas, destacan la
posibilidad de que los ayuntamientos que tengan concejales
amenazados puedan personarse como acusación particular en los
procesos judiciales y que los ediles que no condenen el terrorismo
no puedan ostentar ningún cargo más allá de su condición de
concejal.
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