El Gobierno considera que el informe del Tribunal de Cuentas que
desvela masivas irregularidades en la financiación de la formación
continua es una buena oportunidad para corregir sus deficiencias,
una cuestión que el Ministerio de Trabajo consensuará con agentes
sociales y comunidades autónomas. Partidos políticos y sindicatos
coincidieron ayer en demandar una investigación a fondo de las
irregularidades detectadas, aunque subrayaron que éstas no deben
contribuir a deslegitimar la tarea desempeñada por los agentes
sociales en la formación continua.
El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, recordó que existe una
sentencia del Constitucional que exige una nueva regulación de la
formación continua y señaló que «ésta es una oportunidad
extraordinaria para corregir todas las deficiencias que hayamos
podido detectar». El ministro Rodrigo Rato señaló que «ésta es una
buena oportunidad para hacer avances en la formación continua que
permitan una mayor flexibilidad y, sobre todo, adaptarse mejor a
las necesidades de cada mercado».
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
dijo que le parecería un «error claro» que tras el informe del
Tribunal de Cuentas sobre FORCEM se abra un «debate de
deslegitimación» de las organizaciones empresariales o sindicales.
Los beneficiarios de ayudas de la Fundación para la Formación
Continua (FORCEM) -fundamentalmente organizaciones sindicales y
empresariales- sólo realizaron, en el periodo 1996-1998, un tercio
de las actuaciones a las que se habían comprometido, aunque
recibieron un 90 por ciento de las cantidades para su
financiación.
Esa es una de las numerosas irregularidades detectadas por el
Tribunal de Cuentas en su «Informe de Fiscalización sobre los
fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores»
en ese trienio, y que podrían dar lugar a que los beneficiaron
tuvieran que devolver más de 2'1 millones de euros. El Tribunal de
Cuentas ha puesto en manos de su sección de Enjuiciamiento esas
conclusiones, según las cuales los beneficiaron que deberían
reintegrar más dinero son la Confederación de Empresarios de
Galicia (942.556 euros), Comisiones Obreras (337.671), CEOE
(246.290) y Cepyme (175.470).
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